Subpage under development, new version coming soon!
Subject: Reforma al Sistema de Salud
donfigo [del] to
All
No la clavaron.... y sin anestesia
Opinan la senadora Cecilia López y el médico Félix Martínez, presidente de Fedesalud. Los más afectados serán quienes pagan por la atención médica y hospitalaria.
Senadora Cecilia López
“El gobierno le debe 6 billones de pesos al sistema de salud”
Cecilia Orozco Tascón.- Usted ha dicho que este gobierno quebró el sistema de salud ¿En qué se basa para hacer esa afirmación?
Cecilia López Montaño.- Desde cuando este gobierno se inició, disparó el régimen subsidiado y debilitó el contributivo que es el que financia, en parte, el sistema de salud. No generó empleo formal y por el contrario, lo volvió informal, y aquél es el que está obligado a contribuir. Además, el gobierno se dedicó a dar subsidios hasta el punto de que hoy, más del 50% de la población recibe gratis los servicios a través del régimen subsidiado; del otro lado, es decir de los 17 millones que pertenecen al régimen contributivo, solo aportan 8 millones porque los restantes 9 millones conforman sus grupos familiares.
C.O.T.- ¿Cuántas personas pagaban los servicios de salud en 2002, primer año del actual gobierno y a cuántos millones se les daba subsidio? Compare esas cifras con las de hoy.
C.L.M.- En 2002 había en el régimen subsidiado 11 y medio millones de personas y en 2009, ya hay 22 millones 800 mil personas. En el régimen contributivo, en 2002, había 13 millones y desde 2007 hasta hoy, existe, como ya le dije, un promedio de 17 millones de personas que no crece, pero recuerde que de éstas, solo 8 millones pagan. Eso significa que estos ocho millones sostienen la salud de 9 millones de parientes y de casi 23 millones que no contribuyen.
C.O.T- ¿Por qué antes era sostenible el sistema de salud y hoy no?
C.L.M.- Porque el sistema fue concebido para que la gente que tenía un ingreso formal, lo financiara con sus aportes, y diera un punto más para ayudar a financiar a los pobres. Se suponía que si eso sucedía, el gobierno pondría lo que se denominó el paripassu, o sea un aporte igual al de cada persona del régimen contributivo. Pero resulta que el gobierno no pagó y le debe seis billones de pesos al sistema. La otra razón para que no sea viable, es que el gobierno bajó el crecimiento de las transferencias a los entes territoriales, que son los que tienen que pagar los servicios de salud en sus regiones.
C.O.T- Si el gobierno pagara hoy los seis billones ¿Serviría para algo?
C.LM.- No serviría para resolver el problema porque ya se desbarató el esquema pero algo ayudaría.
C.O.T.- El hecho de que no se esté generando empleo ¿Influye?
C.L.M.- Influye muchísimo. Cuando el sistema se creó, se hizo bajo el supuesto de que la economía iba a crecer al 5% y de que la informalidad iba a ser mucho más baja. Hoy tenemos una altísima informalidad y muy poco empleo formal. Entre otras causas, este desastre es el resultado de la política de la “confianza inversionista” de este gobierno.
C.O.T- ¿Por qué?
C.L.- Porque se volvió mucho más atractivo y barato invertir en capital que en mano de obra. Y el sistema de salud esta íntimamente unido al comportamiento del mercado de trabajo.
C.O.T- ¿Por qué creció tanto la salud subsidiada? ¿Hay muchos más pobres hoy que antes, o hay “colados” en ese sistema?
C.L.M.- Ésa es la gran pregunta que se le ha hecho al gobierno y que no ha querido responder. En el Sisbén uno y dos, que identifica a los más pobres del país, hay 29 millones de personas, según Planeación Nacional. Si hay 29 millones de pobres sobre una población de 45 ó 46 millones, el porcentaje de pobreza no es del 45% como dice el gobierno, sino del 63%. Pero si el 45% de la población es pobre, el Sisben uno y dos debería tener 9 millones menos de usuarios, lo que significa que ellos están en el régimen subsidiado cuando pueden pagar perfectamente su salud. Eso se llama populismo.
C.O.T- ¿A qué llama usted populismo, en este caso?
C.L.M.- A que le regalen a la gente lo que no necesita para que quede agradecidísima con el gobierno, vote por la reelección y crea que el Presidente es la persona más generosa del mundo.
C.O.T.- Y ¿Si se saca a los 9 millones de personas del Sisbén y se ingresan al régimen contributivo?
C.L- Trate de sacar a alguien del Sisbén, o trate de contratar formalmente a quien está inscrito allí. Y dígale que usted le va a pagar un salario mínimo, pero que él tiene que contribuir con el 12.5% para salud y con otro porcentaje para pensión. Verá lo que le dice.
C.O.T- El gobierno anunció las reformas pero no ha definido los detalles de cómo van a funcionar los “paquetes” de salud ¿Qué efecto económico generará la expectativa?
C.L.M.- Lo más importante es que la gran reforma a la salud no ha debido hacerse por decreto sino a través de unas leyes, y probablemente mediante una ley estatutaria porque se trata de reglamentar un derecho fundamental ¿Cuál va a ser el paquete esencial que nos van a dar a todos y cómo lo van a financiar? Esas preguntas no están resueltas. Se va a crear una tremenda incertidumbre, un gran desorden y no podemos medir las consecuencias.
C.O.T- ¿Cree que la gente preferirá invertir en un seguro privado?
C.L.M.- Sí, claro. Tal vez éste será un gran negocio para la medicina prepagada, seguramente muy costosa y llena de preexistencias, porque se le abrirá un campo inmenso.
C.O.T- ¿Se disparará la evasión y la trampa?
C.L.M.- Sin la menor duda. Es absurdo pensar que una persona va a seguir contribuyendo lo que le corresponde, cuando sabe que le van a disminuir los servicios y que otras personas tendrán los mismos beneficios que usted, pero gratis. Lo más grave es que el poco empleo formal que hay, se va a volver informal porque la gente va a buscar los mecanismos para no estar en nómina para que no lo obliguen a pagar el 12.5% de su salario. Vamos a tener más “colados” en el régimen subsidiado.
C.O.T.- ¿Quién gana y quien pierde en este revolcón de los servicios de salud?
C.L.M.- Hay que reconocer que el hecho de que todos los colombianos tengan el mismo paquete de salud es una ganancia siempre y cuando se busquen mecanismos para que haya sectores que no pierdan sus derechos y que el sistema sea sostenible financieramente. Mi impresión es que el paquete puede ser un poco mejor del que reciben hoy los pobres. Por eso el ministro Palacio repite demagógicamente que a los 22 millones del régimen subsidiado les va a ir bien. Pero no cuenta que los que se van a reventar son los de la clase media. Esos son los que van a tener que pagar con sus ahorros y con endeudamiento, sus enfermedades más costosas. También van a perder los médicos porque les van a poner la espada de Damocles encima, con multas millonarias. Y creo que van a ganar las EPS porque nadie las controla ni controlará a dónde van a ir sus excedentes.
C.O.T- ¿Qué opina sobre una parte de los decretos en los que se dice que unos comités decidirán cuándo autorizar un procedimiento médico o a cuál paciente autorizarle un préstamo?
C.L.M.- Imagínese qué podrá pasar mientras un comité se reúna y decida, entre miles de casos, qué hacer con una señora enferma de cáncer. Y si se enferma en diciembre, será peor, porque como van a financiar los casos complejos de los pobres con recursos de un fondo especial anual, éstos se agotan al final del año. Así que pobre la señora. Primero se muere. Los comités van a tener muchos líos porque los médicos tienen que pasar a su consideración, el caso de un enfermo y esos comités evaluarán si es verdad que está grave y además mirará el costo-beneficio de tomar la decisión de financiarle al paciente el tratamiento. Este no es un sistema para mantener la salud pública; es un sistema para prolongar las enfermedades.
C.O.T- ¿Es cierto que la reforma propuesta es favorable para las EPS y es desfavorable para los pacientes?
C.L.M.- Claro que sí. Va a continuar el principio perverso de que lo que es bueno para las EPS, es malo para los pacientes.
C.O.T.- ¿Por qué cree que se anuncian los decretos en enero y que el ministro diga que solo se conocerán los paquetes de servicios a mediados de año?
C.L.M.- Si el gobierno pudiera financiar un paquete de salud grande y bueno para todos ¿Usted cree que en vísperas de elecciones y de intentar una nueva reelección presidencial, el Presidente no hubiera aprovechado para presentarlo? Si no lo hace, es porque solo podrán ofrecer un paquete un poquito mejor que el régimen subsidiado de hoy, pero para todos: los que contribuyen y los subsidiados. La gente que paga, va a protestar. Por eso van a publicar las decisiones para después de las elecciones.
Félix León Martínez, presidente de Fedesalud
“El médico estará amarrado de pies y manos”
Cecilia Orozco Tascón.- ¿La crisis en el financiamiento del sistema de salud se produjo ahora por alguna coyuntura específica, o es estructural y viene desde hace tiempo?
Médico Félix León Martínez.- Sin duda es estructural. Una investigación realizada por Fedesalud y la Universidad Santo Tomás en 2008, demuestra la grave problemática que se originó por haber debilitado el régimen contributivo y extender la cobertura del régimen subsidiado. Allí se plantean los efectos, a largo plazo, de la falta de protección social de millones de asalariados en una sociedad que envejece aceleradamente.
C.O.T.- Se ha dicho que el desastre que se está viendo en servicios de salud, es el resultado de la política del gobierno de incrementar, en el sistema, a varios millones de personas que no pagan por esos servicios, mientras que quienes pagan, van disminuyendo ¿Es cierto?
F.L.M.- Si no se modifica el camino ‘asistencialista’ trazado en la actualidad por la Ley 1122 de 2007 que, además de aumentar la responsabilidad del Estado (y disminuir la de los patronos), ensancha la brecha entre los regímenes contributivo y subsidiado, el sistema no es viable. Es absurdo pretender que el Estado brinde seguridad social completa (salud, pensiones, invalidez, riesgos, incapacidad) a dos tercios de la población, con recursos de impuestos generales. Para mayor gravedad, una investigación adelantada por la Universidad Nacional demuestra que el Estado ha venido reduciendo la proporción del gasto público dedicado a la salud desde el año 2000.
C.O.T.- ¿En cuánto han descendido los recursos?
F.L.M.- Los recursos para financiar la salud de la población no contributiva han caído, entre el 2000 y 2007, en tres puntos porcentuales de los ingresos corrientes de la nación, incluidos los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga). Mientras al iniciar la década, el gasto en salud para esta población representaba el 12% de los ingresos corrientes, ocho años después tan sólo alcanza al 9%. Y si se hacen las cuentas sin los recursos del Fosyga, el esfuerzo fiscal derivado exclusivamente del presupuesto nacional cae del 11% al 6,5% en el mismo periodo. Es decir que en el año 2000, de cada $100 pesos que recibía la nación, ésta destinaba $11 pesos para los servicios de salud en departamentos y municipios. Ocho años después sólo gira $6,5 pesos.
C.O.T.- En los decretos se dice que hay que darle prioridad a “la atención de baja complejidad” y a los servicios “generales” de medicina y odontología ¿Qué entiende usted por esos términos en la aplicación de la medicina?
F.L.M.- Los recursos serán siempre insuficientes y el Gobierno acabará intentando, una y otra vez, reducir los servicios. Pero plantear que se dará prioridad a “la atención de baja complejidad”, es decir servicios de medicina general y que “sólo se admitirá el acceso al manejo especializado o de mediana y alta complejidad cuando se cuente con evidencia científica y costo-efectividad (evaluación del resultado médico en relación con lo que valga) que así lo aconseje”, es más o menos como decir que sólo se brindará educación primaria a los colombianos y que se autorizará su acceso al bachillerato y a la universidad solo en los casos en que se demuestre que esos estudios resulten costo-efectivos para el país.
C.O.T.- Y cuando uno paga un seguro ¿No es, precisamente, para no tener sobresaltos ante una necesidad, en este caso, médica?
F.L.M.- Así es. La seguridad social y los demás seguros se crearon en el mundo para cubrir las contingencias costosas, no para el pago del almuerzo diario.
C.O.T.- ¿Qué pasará con la salud y los derechos de quienes contribuyen al sistema, cuando tengan una enfermedad que sea considerada como especializada o “excepcional”?
F.L.M.- En algún grado, los tratamientos de todas las enfermedades y sus complicaciones llegan, en algún momento, a la categoría de especializada, sobre todo cuando la reglamentación del sistema no le permitirá al médico general, el acceso a la mayoría de los exámenes y tratamientos de la medicina moderna. Un médico general estará amarrado, absurdamente, de pies y manos, y en su práctica profesional, casi todo será “excepcional”.
C.O.T.- En su calidad de experto ¿Qué entiende por la frase: “(El POS estará sujeto) “a la prevalencia de la atención de las necesidades colectivas en salud sobre las individuales”? ¿Cómo así que los problemas de salud que son por definición personales, estarán supeditados a “las necesidades colectivas”?
F.L.M.- Cuando el Ministerio de la Protección Social anunció que sólo iba a incluir el tratamiento de enfermedades prevalentes, se le dijo que la prevalencia es un concepto fundamental para orientar las acciones masivas y de prevención de las enfermedades que afectan más comúnmente a la población, pero que es un concepto extraño a los seguros, desarrollados en el mundo alrededor de la “contingencia”. Los seguros están orientados, justamente, a cubrir las cosas que puedan sobrevenir y que no son calculables para los individuos en particular, pero sí para los grupos o las sociedades. Este error fundamental es la esencia de la propuesta denominada ahora PLUS o Plan limitado único de salud.
C.O.T.- Déme, por favor, ejemplos de las dolencias que serán “excepcionales” y que no tendrán cobertura de seguridad social.
F.L.M.- Tendremos que ver cómo se traduce en términos de derechos humanos, dejar sin servicios de salud a las minorías, en cuanto a enfermedades no comunes. Imaginemos desde ahora que, dado que la población afrocolombiana es una minoría, y que en ella, a su vez, una minoría padece de discrasias sanguíneas (complicaciones hemorrágicas), esas patologías no serían consideradas en un plan. Imaginemos que un grupo de ciudadanos presente tumores que no son frecuentes, como los del estroma. Por supuesto, en un plan que considere las dolencias más importantes, no se atendería a estos enfermos. Imaginemos a los niños que nazcan con deformidades congénitas y quienes tampoco tendrán derecho a atención médica; estos casos extraños no entrarían en un POS por ser patologías prevalentes.
C.O.T.- En uno de los decretos también se lee que el POS “estará sujeto a límites claros teniendo en cuenta la consulta ciudadana y la condición socioeconómica de las personas”. ¿Le parece viable definir el POS mediante consulta a la población?
F.L.M.- Respecto de la consulta ciudadana señalamos que debe quedar claro que, en la democracia, las mayorías no pueden abusar de las minorías ni excluirlas de los derechos. No se puede reducir o limitar los derechos – y mucho menos de salud - de las minorías étnicas, sexuales, discapacitadas, políticas. etc. Lo verdaderamente grave es que cualquier recorte en servicios de salud siempre afectaría más a las personas más pobres, mientras que las personas pudientes podrían costearse tales tratamientos.
C.O.T.- Otro decreto dice que los servicios del POS “se prestarán con la oportunidad que establezca el Ministerio de la Protección Social atendiendo la pertinencia técnica, científica y los recursos…”Aparte de que es obvio que se trata de eliminar a la Corte Constitucional de la discusión de los derechos de salud ¿Cree usted sano que un ministerio político defina la pertinencia científica de la medicina?
F.L.M.- Creo que el gobierno debe definir, como lo ha hecho bien en uno de los decretos, que el Sistema debe basarse en el conocimiento científico. Sin embargo, no es costumbre de ningún país desarrollado meterse en la cocina de la ciencia y la academia a dictar normas.
C.O.T.- Cuando en los decretos se establecen “conflictos de interés” para los médicos en el momento de tomar decisiones sobre los tratamientos de sus pacientes ¿Se invade el ejercicio libre de la profesión y se podría atentar contra los enfermos?
F.L.M.- Los gobiernos no deben meterse en el campo de las decisiones médicas particulares y el libre ejercicio profesional. Las instituciones de salud deben estar obligadas a aplicar protocolos o guías de manejo de acuerdo con la evidencia científica y a exigir a sus médicos que dejen constancia en las historias clínicas de la razón por la cual se apartan de un manejo recomendado. Pero las sanciones deben corresponder a los comités de ética de la propia profesión, salvo las decisiones de la justicia.
C.O.T.- ¿Cómo se deberían regular y controlar, entonces, los casos de corrupción que, como en todos los sectores, pueden presentarse?
F.L.M.- El gobierno debe garantizar que las instituciones de salud cumplan con guías y protocolos basados en la evidencia; y es la institución de salud la que debe, con sus comités médicos, poner en cintura a los colegas que se crean totalmente autónomos. También es correcto acabar con los regalos de los laboratorios farmacéuticos para inducir la utilización de determinados medicamentos.
C.O.T.- ¿Se disparará la evasión de los pagos y la búsqueda de servicios o seguros privados
F.L.M.- De seguro. Eso sucede cuando un sistema de seguros… deja de ser seguro.
C.O.T.- Se ha dicho que la red pública de hospitales se verá afectada ¿Es verdad?
F.L.M.- No creo que sean capaces de afectar más la red pública de lo que ya la han afectado en los últimos 14 años con la limitación del Plan de salud del régimen subsidiado y el retiro de los recursos para cubrir las atenciones especializadas y hospitalarias que ese régimen no cubre
C.O.T.- ¿Esta reforma garantiza el sostenimiento financiero del Sistema o simplemente aplaza el problema y le quita derechos a la gente?
F.L.M.- Definitivamente no garantiza el sostenimiento del sistema.
Damas y Caballeros este es un tema que actualmente debe tener la atención de todos nosotros. En estos momentos el gobierno del doctor Uribe está realizando una reforma de gran magnitud al Sistema General de Seguridad Social en Salud. En mi opinión está reforma del gobierno tiende ha beneficiar a las Eps's del país y justifica la reforma con el bolsillo de los colombianos por la ineptitud de este gobierno y de los otros gobiernos por no saber manejar nuestro sistema de salud.
(edited)
Opinan la senadora Cecilia López y el médico Félix Martínez, presidente de Fedesalud. Los más afectados serán quienes pagan por la atención médica y hospitalaria.
Senadora Cecilia López
“El gobierno le debe 6 billones de pesos al sistema de salud”
Cecilia Orozco Tascón.- Usted ha dicho que este gobierno quebró el sistema de salud ¿En qué se basa para hacer esa afirmación?
Cecilia López Montaño.- Desde cuando este gobierno se inició, disparó el régimen subsidiado y debilitó el contributivo que es el que financia, en parte, el sistema de salud. No generó empleo formal y por el contrario, lo volvió informal, y aquél es el que está obligado a contribuir. Además, el gobierno se dedicó a dar subsidios hasta el punto de que hoy, más del 50% de la población recibe gratis los servicios a través del régimen subsidiado; del otro lado, es decir de los 17 millones que pertenecen al régimen contributivo, solo aportan 8 millones porque los restantes 9 millones conforman sus grupos familiares.
C.O.T.- ¿Cuántas personas pagaban los servicios de salud en 2002, primer año del actual gobierno y a cuántos millones se les daba subsidio? Compare esas cifras con las de hoy.
C.L.M.- En 2002 había en el régimen subsidiado 11 y medio millones de personas y en 2009, ya hay 22 millones 800 mil personas. En el régimen contributivo, en 2002, había 13 millones y desde 2007 hasta hoy, existe, como ya le dije, un promedio de 17 millones de personas que no crece, pero recuerde que de éstas, solo 8 millones pagan. Eso significa que estos ocho millones sostienen la salud de 9 millones de parientes y de casi 23 millones que no contribuyen.
C.O.T- ¿Por qué antes era sostenible el sistema de salud y hoy no?
C.L.M.- Porque el sistema fue concebido para que la gente que tenía un ingreso formal, lo financiara con sus aportes, y diera un punto más para ayudar a financiar a los pobres. Se suponía que si eso sucedía, el gobierno pondría lo que se denominó el paripassu, o sea un aporte igual al de cada persona del régimen contributivo. Pero resulta que el gobierno no pagó y le debe seis billones de pesos al sistema. La otra razón para que no sea viable, es que el gobierno bajó el crecimiento de las transferencias a los entes territoriales, que son los que tienen que pagar los servicios de salud en sus regiones.
C.O.T- Si el gobierno pagara hoy los seis billones ¿Serviría para algo?
C.LM.- No serviría para resolver el problema porque ya se desbarató el esquema pero algo ayudaría.
C.O.T.- El hecho de que no se esté generando empleo ¿Influye?
C.L.M.- Influye muchísimo. Cuando el sistema se creó, se hizo bajo el supuesto de que la economía iba a crecer al 5% y de que la informalidad iba a ser mucho más baja. Hoy tenemos una altísima informalidad y muy poco empleo formal. Entre otras causas, este desastre es el resultado de la política de la “confianza inversionista” de este gobierno.
C.O.T- ¿Por qué?
C.L.- Porque se volvió mucho más atractivo y barato invertir en capital que en mano de obra. Y el sistema de salud esta íntimamente unido al comportamiento del mercado de trabajo.
C.O.T- ¿Por qué creció tanto la salud subsidiada? ¿Hay muchos más pobres hoy que antes, o hay “colados” en ese sistema?
C.L.M.- Ésa es la gran pregunta que se le ha hecho al gobierno y que no ha querido responder. En el Sisbén uno y dos, que identifica a los más pobres del país, hay 29 millones de personas, según Planeación Nacional. Si hay 29 millones de pobres sobre una población de 45 ó 46 millones, el porcentaje de pobreza no es del 45% como dice el gobierno, sino del 63%. Pero si el 45% de la población es pobre, el Sisben uno y dos debería tener 9 millones menos de usuarios, lo que significa que ellos están en el régimen subsidiado cuando pueden pagar perfectamente su salud. Eso se llama populismo.
C.O.T- ¿A qué llama usted populismo, en este caso?
C.L.M.- A que le regalen a la gente lo que no necesita para que quede agradecidísima con el gobierno, vote por la reelección y crea que el Presidente es la persona más generosa del mundo.
C.O.T.- Y ¿Si se saca a los 9 millones de personas del Sisbén y se ingresan al régimen contributivo?
C.L- Trate de sacar a alguien del Sisbén, o trate de contratar formalmente a quien está inscrito allí. Y dígale que usted le va a pagar un salario mínimo, pero que él tiene que contribuir con el 12.5% para salud y con otro porcentaje para pensión. Verá lo que le dice.
C.O.T- El gobierno anunció las reformas pero no ha definido los detalles de cómo van a funcionar los “paquetes” de salud ¿Qué efecto económico generará la expectativa?
C.L.M.- Lo más importante es que la gran reforma a la salud no ha debido hacerse por decreto sino a través de unas leyes, y probablemente mediante una ley estatutaria porque se trata de reglamentar un derecho fundamental ¿Cuál va a ser el paquete esencial que nos van a dar a todos y cómo lo van a financiar? Esas preguntas no están resueltas. Se va a crear una tremenda incertidumbre, un gran desorden y no podemos medir las consecuencias.
C.O.T- ¿Cree que la gente preferirá invertir en un seguro privado?
C.L.M.- Sí, claro. Tal vez éste será un gran negocio para la medicina prepagada, seguramente muy costosa y llena de preexistencias, porque se le abrirá un campo inmenso.
C.O.T- ¿Se disparará la evasión y la trampa?
C.L.M.- Sin la menor duda. Es absurdo pensar que una persona va a seguir contribuyendo lo que le corresponde, cuando sabe que le van a disminuir los servicios y que otras personas tendrán los mismos beneficios que usted, pero gratis. Lo más grave es que el poco empleo formal que hay, se va a volver informal porque la gente va a buscar los mecanismos para no estar en nómina para que no lo obliguen a pagar el 12.5% de su salario. Vamos a tener más “colados” en el régimen subsidiado.
C.O.T.- ¿Quién gana y quien pierde en este revolcón de los servicios de salud?
C.L.M.- Hay que reconocer que el hecho de que todos los colombianos tengan el mismo paquete de salud es una ganancia siempre y cuando se busquen mecanismos para que haya sectores que no pierdan sus derechos y que el sistema sea sostenible financieramente. Mi impresión es que el paquete puede ser un poco mejor del que reciben hoy los pobres. Por eso el ministro Palacio repite demagógicamente que a los 22 millones del régimen subsidiado les va a ir bien. Pero no cuenta que los que se van a reventar son los de la clase media. Esos son los que van a tener que pagar con sus ahorros y con endeudamiento, sus enfermedades más costosas. También van a perder los médicos porque les van a poner la espada de Damocles encima, con multas millonarias. Y creo que van a ganar las EPS porque nadie las controla ni controlará a dónde van a ir sus excedentes.
C.O.T- ¿Qué opina sobre una parte de los decretos en los que se dice que unos comités decidirán cuándo autorizar un procedimiento médico o a cuál paciente autorizarle un préstamo?
C.L.M.- Imagínese qué podrá pasar mientras un comité se reúna y decida, entre miles de casos, qué hacer con una señora enferma de cáncer. Y si se enferma en diciembre, será peor, porque como van a financiar los casos complejos de los pobres con recursos de un fondo especial anual, éstos se agotan al final del año. Así que pobre la señora. Primero se muere. Los comités van a tener muchos líos porque los médicos tienen que pasar a su consideración, el caso de un enfermo y esos comités evaluarán si es verdad que está grave y además mirará el costo-beneficio de tomar la decisión de financiarle al paciente el tratamiento. Este no es un sistema para mantener la salud pública; es un sistema para prolongar las enfermedades.
C.O.T- ¿Es cierto que la reforma propuesta es favorable para las EPS y es desfavorable para los pacientes?
C.L.M.- Claro que sí. Va a continuar el principio perverso de que lo que es bueno para las EPS, es malo para los pacientes.
C.O.T.- ¿Por qué cree que se anuncian los decretos en enero y que el ministro diga que solo se conocerán los paquetes de servicios a mediados de año?
C.L.M.- Si el gobierno pudiera financiar un paquete de salud grande y bueno para todos ¿Usted cree que en vísperas de elecciones y de intentar una nueva reelección presidencial, el Presidente no hubiera aprovechado para presentarlo? Si no lo hace, es porque solo podrán ofrecer un paquete un poquito mejor que el régimen subsidiado de hoy, pero para todos: los que contribuyen y los subsidiados. La gente que paga, va a protestar. Por eso van a publicar las decisiones para después de las elecciones.
Félix León Martínez, presidente de Fedesalud
“El médico estará amarrado de pies y manos”
Cecilia Orozco Tascón.- ¿La crisis en el financiamiento del sistema de salud se produjo ahora por alguna coyuntura específica, o es estructural y viene desde hace tiempo?
Médico Félix León Martínez.- Sin duda es estructural. Una investigación realizada por Fedesalud y la Universidad Santo Tomás en 2008, demuestra la grave problemática que se originó por haber debilitado el régimen contributivo y extender la cobertura del régimen subsidiado. Allí se plantean los efectos, a largo plazo, de la falta de protección social de millones de asalariados en una sociedad que envejece aceleradamente.
C.O.T.- Se ha dicho que el desastre que se está viendo en servicios de salud, es el resultado de la política del gobierno de incrementar, en el sistema, a varios millones de personas que no pagan por esos servicios, mientras que quienes pagan, van disminuyendo ¿Es cierto?
F.L.M.- Si no se modifica el camino ‘asistencialista’ trazado en la actualidad por la Ley 1122 de 2007 que, además de aumentar la responsabilidad del Estado (y disminuir la de los patronos), ensancha la brecha entre los regímenes contributivo y subsidiado, el sistema no es viable. Es absurdo pretender que el Estado brinde seguridad social completa (salud, pensiones, invalidez, riesgos, incapacidad) a dos tercios de la población, con recursos de impuestos generales. Para mayor gravedad, una investigación adelantada por la Universidad Nacional demuestra que el Estado ha venido reduciendo la proporción del gasto público dedicado a la salud desde el año 2000.
C.O.T.- ¿En cuánto han descendido los recursos?
F.L.M.- Los recursos para financiar la salud de la población no contributiva han caído, entre el 2000 y 2007, en tres puntos porcentuales de los ingresos corrientes de la nación, incluidos los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga). Mientras al iniciar la década, el gasto en salud para esta población representaba el 12% de los ingresos corrientes, ocho años después tan sólo alcanza al 9%. Y si se hacen las cuentas sin los recursos del Fosyga, el esfuerzo fiscal derivado exclusivamente del presupuesto nacional cae del 11% al 6,5% en el mismo periodo. Es decir que en el año 2000, de cada $100 pesos que recibía la nación, ésta destinaba $11 pesos para los servicios de salud en departamentos y municipios. Ocho años después sólo gira $6,5 pesos.
C.O.T.- En los decretos se dice que hay que darle prioridad a “la atención de baja complejidad” y a los servicios “generales” de medicina y odontología ¿Qué entiende usted por esos términos en la aplicación de la medicina?
F.L.M.- Los recursos serán siempre insuficientes y el Gobierno acabará intentando, una y otra vez, reducir los servicios. Pero plantear que se dará prioridad a “la atención de baja complejidad”, es decir servicios de medicina general y que “sólo se admitirá el acceso al manejo especializado o de mediana y alta complejidad cuando se cuente con evidencia científica y costo-efectividad (evaluación del resultado médico en relación con lo que valga) que así lo aconseje”, es más o menos como decir que sólo se brindará educación primaria a los colombianos y que se autorizará su acceso al bachillerato y a la universidad solo en los casos en que se demuestre que esos estudios resulten costo-efectivos para el país.
C.O.T.- Y cuando uno paga un seguro ¿No es, precisamente, para no tener sobresaltos ante una necesidad, en este caso, médica?
F.L.M.- Así es. La seguridad social y los demás seguros se crearon en el mundo para cubrir las contingencias costosas, no para el pago del almuerzo diario.
C.O.T.- ¿Qué pasará con la salud y los derechos de quienes contribuyen al sistema, cuando tengan una enfermedad que sea considerada como especializada o “excepcional”?
F.L.M.- En algún grado, los tratamientos de todas las enfermedades y sus complicaciones llegan, en algún momento, a la categoría de especializada, sobre todo cuando la reglamentación del sistema no le permitirá al médico general, el acceso a la mayoría de los exámenes y tratamientos de la medicina moderna. Un médico general estará amarrado, absurdamente, de pies y manos, y en su práctica profesional, casi todo será “excepcional”.
C.O.T.- En su calidad de experto ¿Qué entiende por la frase: “(El POS estará sujeto) “a la prevalencia de la atención de las necesidades colectivas en salud sobre las individuales”? ¿Cómo así que los problemas de salud que son por definición personales, estarán supeditados a “las necesidades colectivas”?
F.L.M.- Cuando el Ministerio de la Protección Social anunció que sólo iba a incluir el tratamiento de enfermedades prevalentes, se le dijo que la prevalencia es un concepto fundamental para orientar las acciones masivas y de prevención de las enfermedades que afectan más comúnmente a la población, pero que es un concepto extraño a los seguros, desarrollados en el mundo alrededor de la “contingencia”. Los seguros están orientados, justamente, a cubrir las cosas que puedan sobrevenir y que no son calculables para los individuos en particular, pero sí para los grupos o las sociedades. Este error fundamental es la esencia de la propuesta denominada ahora PLUS o Plan limitado único de salud.
C.O.T.- Déme, por favor, ejemplos de las dolencias que serán “excepcionales” y que no tendrán cobertura de seguridad social.
F.L.M.- Tendremos que ver cómo se traduce en términos de derechos humanos, dejar sin servicios de salud a las minorías, en cuanto a enfermedades no comunes. Imaginemos desde ahora que, dado que la población afrocolombiana es una minoría, y que en ella, a su vez, una minoría padece de discrasias sanguíneas (complicaciones hemorrágicas), esas patologías no serían consideradas en un plan. Imaginemos que un grupo de ciudadanos presente tumores que no son frecuentes, como los del estroma. Por supuesto, en un plan que considere las dolencias más importantes, no se atendería a estos enfermos. Imaginemos a los niños que nazcan con deformidades congénitas y quienes tampoco tendrán derecho a atención médica; estos casos extraños no entrarían en un POS por ser patologías prevalentes.
C.O.T.- En uno de los decretos también se lee que el POS “estará sujeto a límites claros teniendo en cuenta la consulta ciudadana y la condición socioeconómica de las personas”. ¿Le parece viable definir el POS mediante consulta a la población?
F.L.M.- Respecto de la consulta ciudadana señalamos que debe quedar claro que, en la democracia, las mayorías no pueden abusar de las minorías ni excluirlas de los derechos. No se puede reducir o limitar los derechos – y mucho menos de salud - de las minorías étnicas, sexuales, discapacitadas, políticas. etc. Lo verdaderamente grave es que cualquier recorte en servicios de salud siempre afectaría más a las personas más pobres, mientras que las personas pudientes podrían costearse tales tratamientos.
C.O.T.- Otro decreto dice que los servicios del POS “se prestarán con la oportunidad que establezca el Ministerio de la Protección Social atendiendo la pertinencia técnica, científica y los recursos…”Aparte de que es obvio que se trata de eliminar a la Corte Constitucional de la discusión de los derechos de salud ¿Cree usted sano que un ministerio político defina la pertinencia científica de la medicina?
F.L.M.- Creo que el gobierno debe definir, como lo ha hecho bien en uno de los decretos, que el Sistema debe basarse en el conocimiento científico. Sin embargo, no es costumbre de ningún país desarrollado meterse en la cocina de la ciencia y la academia a dictar normas.
C.O.T.- Cuando en los decretos se establecen “conflictos de interés” para los médicos en el momento de tomar decisiones sobre los tratamientos de sus pacientes ¿Se invade el ejercicio libre de la profesión y se podría atentar contra los enfermos?
F.L.M.- Los gobiernos no deben meterse en el campo de las decisiones médicas particulares y el libre ejercicio profesional. Las instituciones de salud deben estar obligadas a aplicar protocolos o guías de manejo de acuerdo con la evidencia científica y a exigir a sus médicos que dejen constancia en las historias clínicas de la razón por la cual se apartan de un manejo recomendado. Pero las sanciones deben corresponder a los comités de ética de la propia profesión, salvo las decisiones de la justicia.
C.O.T.- ¿Cómo se deberían regular y controlar, entonces, los casos de corrupción que, como en todos los sectores, pueden presentarse?
F.L.M.- El gobierno debe garantizar que las instituciones de salud cumplan con guías y protocolos basados en la evidencia; y es la institución de salud la que debe, con sus comités médicos, poner en cintura a los colegas que se crean totalmente autónomos. También es correcto acabar con los regalos de los laboratorios farmacéuticos para inducir la utilización de determinados medicamentos.
C.O.T.- ¿Se disparará la evasión de los pagos y la búsqueda de servicios o seguros privados
F.L.M.- De seguro. Eso sucede cuando un sistema de seguros… deja de ser seguro.
C.O.T.- Se ha dicho que la red pública de hospitales se verá afectada ¿Es verdad?
F.L.M.- No creo que sean capaces de afectar más la red pública de lo que ya la han afectado en los últimos 14 años con la limitación del Plan de salud del régimen subsidiado y el retiro de los recursos para cubrir las atenciones especializadas y hospitalarias que ese régimen no cubre
C.O.T.- ¿Esta reforma garantiza el sostenimiento financiero del Sistema o simplemente aplaza el problema y le quita derechos a la gente?
F.L.M.- Definitivamente no garantiza el sostenimiento del sistema.
Damas y Caballeros este es un tema que actualmente debe tener la atención de todos nosotros. En estos momentos el gobierno del doctor Uribe está realizando una reforma de gran magnitud al Sistema General de Seguridad Social en Salud. En mi opinión está reforma del gobierno tiende ha beneficiar a las Eps's del país y justifica la reforma con el bolsillo de los colombianos por la ineptitud de este gobierno y de los otros gobiernos por no saber manejar nuestro sistema de salud.
(edited)
Comienza reglamentación de decretos de Emergencia Social
Gobierno y Academia Nacional de Medicina decidieron que los galenos serán autónomos en sus decisiones.
Las constantes reuniones entre academias, asociaciones médicas y Gobierno no lograron cambios profundos en la reglamentación realizada este lunes en la noche a los decretos de la Emergencia Social.
En diálogo con Caracol Radio, el ministro de la Protección Social, Diego Palacio, aclaró que el polémico tema de las sanciones económicas a los médicos que formulen medicamentos por fuera del POS seguirá vigente.
“Las sanciones deberán cumplir con dos elementos específicos: que no haya justa razón y que se haga daño al sistema”, aclaró Palacio, y explicó quiénes las impondrán: “Será un proceso de análisis que deberá hacer el Tribunal de Ética Médica de acuerdo con una revisión con pares profesionales”.
Asimismo, indicó que las guías para los médicos sólo serán obligatorias cuando exista evidencia científica incontrovertible; además, anunció que estas guías serán definidas en los próximos meses por la Academia Nacional de Medicina, las sociedades médicas y las universidades. Los textos reglamentarios se publicarían esta semana.
Gobierno y Academia Nacional de Medicina decidieron que los galenos serán autónomos en sus decisiones.
Las constantes reuniones entre academias, asociaciones médicas y Gobierno no lograron cambios profundos en la reglamentación realizada este lunes en la noche a los decretos de la Emergencia Social.
En diálogo con Caracol Radio, el ministro de la Protección Social, Diego Palacio, aclaró que el polémico tema de las sanciones económicas a los médicos que formulen medicamentos por fuera del POS seguirá vigente.
“Las sanciones deberán cumplir con dos elementos específicos: que no haya justa razón y que se haga daño al sistema”, aclaró Palacio, y explicó quiénes las impondrán: “Será un proceso de análisis que deberá hacer el Tribunal de Ética Médica de acuerdo con una revisión con pares profesionales”.
Asimismo, indicó que las guías para los médicos sólo serán obligatorias cuando exista evidencia científica incontrovertible; además, anunció que estas guías serán definidas en los próximos meses por la Academia Nacional de Medicina, las sociedades médicas y las universidades. Los textos reglamentarios se publicarían esta semana.
¿POS o no POS?
Por: Fernando R. Gómez* / Enrique Peñaloza Quintero*
Los decretos de la Emergencia Social tienden a fragmentar la cobertura del aseguramiento y desnaturalizar la responsabilidad de los aseguradores.
La definición original del POS no se basó en un estado actuarial y el plan de beneficios del régimen contributivo fue en realidad una derivación de la cobertura de servicios que brindaba el Instituto de Seguros Sociales a sus afiliados. Ese conjunto de beneficios fue adoptado en la Ley 100 y posteriormente recogido por la Ley 1122, como norma de cobertura para todos los colombianos.
De hecho, en el plan de beneficios del Régimen Contributivo fue concebido como el conjunto de servicios que en su momento representaban esa cobertura integral a los eventos de enfermedad de la población y en la cual se excluían diferentes servicios suntuarios y no pertinentes para mantener la vida y prevenir la discapacidad.
Sin embargo, en la medida en que ha avanzado la investigación y la disponibilidad de tecnología y nuevos medicamentos, el POS se ha venido quedando desactualizado, dando espacio a reclamaciones por la vía de tutela y los denominados servicios no POS.
Las decisiones sobre el plan obligatorio de servicios de salud contenidos en los decretos 128 y 131 de la Emergencia Social presentan algunos avances importantes en la medida en que tratan de racionalizar el plan de beneficios y los mecanismos para su actualización. Entre ellos, la implantación de un sistema técnico científico que oriente la actualización del POS y focalice el uso de recursos económicos hacia las actividades que involucren menor costo con mayor efectividad.
Igualmente, es relevante la definición de servicios excepcionales como mecanismo para señalar la existencia de un conjunto de procedimientos a los cuales el Estado no está obligado a cubrir.
Los decretos fragmentan la integralidad del plan de beneficios reduciéndolo a un conjunto de prestaciones y, de hecho, desnaturaliza el papel del asegurador en su función original de administrador de riesgos de las personas, llevándolo hacia el papel de un simple administrador de un conjunto de prestaciones contenidas en un POS que arranca obsoleto y reducido.
Esto representa un riesgo muy grande para el sistema en la medida en que las prestaciones excepcionales no reducen solamente a los servicios suntuarios o no necesarios, sino que están definidas alrededor de servicios “indispensables para preservar o recuperar la salud y representan riesgo inminente”. Aún más grave es que se genere un nuevo tipo de prestadores de servicios denominado Gestores de Prestaciones Excepcionales de la Salud (GPES), los cuales van a tener una financiación separada a través del Fondo de Prestaciones Excepcionales (Fonpres).
Se abre el espacio a los planes voluntarios de salud dándole oxígeno al aseguramiento privado, sin solucionar el problema de la doble cobertura de servicios, en tanto que se mantiene la posibilidad de coberturas simultáneas. Toda la carga de la actualización del POS la asume el Estado a través del Organismo Técnico Científico para la Salud, el cual tendrá la tarea titánica de realizar la actualización que no se ha hecho durante los pasados 15 años del plan de beneficios y lidiar con un conjunto de agentes cuyos incentivos se orientarán a derivar los mayores costos hacia los fondos del Estado y el aseguramiento privado.
Es una apuesta arriesgada en tanto que las mayores ganancias de la Ley 100 derivan del alto nivel de protección financiera sobre las familias representado en la reducción objetiva de su gasto de bolsillo. Esta situación se agrava por el hecho de que la población colombiana se ha ido envejeciendo y es cada vez más sujeto de enfermedades crónicas y patologías similares a la de un país desarrollado.
De hecho, el Estudio de Carga de Enfermedad 2005 mostró cómo en Colombia el 77% de la carga de enfermedad se concentra en el grupo de enfermedades crónicas y no transmisibles y la carga de discapacidad para la población colombiana, consecuencia de enfermedad crónica, es tres veces mayor que la de países desarrollados como Australia. En este entorno epidemiológico la baja actualización del plan de beneficios y la apertura de la puerta de atrás hacia los beneficios no POS ha implicado el agravamiento del problema estructural en el sistema colombiano.
En resumen, desde el punto de vista del aseguramiento social los decretos de emergencia social nos llevaron a un POS fragmentado donde se generan nuevos nichos de mercado para los aseguradores y en los que la mayor justificación social de la reforma de salud, como es la integralidad de los beneficios en salud, quedará aún más diluida.
Si el POS no se actualiza por “lo alto”, o sea recuperando su integralidad, de todas maneras las tutelas seguirán repercutiendo sobre el Fondo de Prestaciones Excepcionales. ¿Por qué no se orientó el POS hacia la cobertura integral de los pacientes con base en los diagnósticos de la enfermedad como ya operan los planes de beneficios en muchos otros países?
Reforzar un plan de prestaciones necesariamente echará más leña al fuego de la inducción de demanda, o sea hacia la prescripción de actividades y servicios no necesarios, verdadero cáncer del sistema.
* Investigadores del Centro de Proyectos para el Desarrollo (Cendex), de la Universidad Javeriana
Por: Fernando R. Gómez* / Enrique Peñaloza Quintero*
Los decretos de la Emergencia Social tienden a fragmentar la cobertura del aseguramiento y desnaturalizar la responsabilidad de los aseguradores.
La definición original del POS no se basó en un estado actuarial y el plan de beneficios del régimen contributivo fue en realidad una derivación de la cobertura de servicios que brindaba el Instituto de Seguros Sociales a sus afiliados. Ese conjunto de beneficios fue adoptado en la Ley 100 y posteriormente recogido por la Ley 1122, como norma de cobertura para todos los colombianos.
De hecho, en el plan de beneficios del Régimen Contributivo fue concebido como el conjunto de servicios que en su momento representaban esa cobertura integral a los eventos de enfermedad de la población y en la cual se excluían diferentes servicios suntuarios y no pertinentes para mantener la vida y prevenir la discapacidad.
Sin embargo, en la medida en que ha avanzado la investigación y la disponibilidad de tecnología y nuevos medicamentos, el POS se ha venido quedando desactualizado, dando espacio a reclamaciones por la vía de tutela y los denominados servicios no POS.
Las decisiones sobre el plan obligatorio de servicios de salud contenidos en los decretos 128 y 131 de la Emergencia Social presentan algunos avances importantes en la medida en que tratan de racionalizar el plan de beneficios y los mecanismos para su actualización. Entre ellos, la implantación de un sistema técnico científico que oriente la actualización del POS y focalice el uso de recursos económicos hacia las actividades que involucren menor costo con mayor efectividad.
Igualmente, es relevante la definición de servicios excepcionales como mecanismo para señalar la existencia de un conjunto de procedimientos a los cuales el Estado no está obligado a cubrir.
Los decretos fragmentan la integralidad del plan de beneficios reduciéndolo a un conjunto de prestaciones y, de hecho, desnaturaliza el papel del asegurador en su función original de administrador de riesgos de las personas, llevándolo hacia el papel de un simple administrador de un conjunto de prestaciones contenidas en un POS que arranca obsoleto y reducido.
Esto representa un riesgo muy grande para el sistema en la medida en que las prestaciones excepcionales no reducen solamente a los servicios suntuarios o no necesarios, sino que están definidas alrededor de servicios “indispensables para preservar o recuperar la salud y representan riesgo inminente”. Aún más grave es que se genere un nuevo tipo de prestadores de servicios denominado Gestores de Prestaciones Excepcionales de la Salud (GPES), los cuales van a tener una financiación separada a través del Fondo de Prestaciones Excepcionales (Fonpres).
Se abre el espacio a los planes voluntarios de salud dándole oxígeno al aseguramiento privado, sin solucionar el problema de la doble cobertura de servicios, en tanto que se mantiene la posibilidad de coberturas simultáneas. Toda la carga de la actualización del POS la asume el Estado a través del Organismo Técnico Científico para la Salud, el cual tendrá la tarea titánica de realizar la actualización que no se ha hecho durante los pasados 15 años del plan de beneficios y lidiar con un conjunto de agentes cuyos incentivos se orientarán a derivar los mayores costos hacia los fondos del Estado y el aseguramiento privado.
Es una apuesta arriesgada en tanto que las mayores ganancias de la Ley 100 derivan del alto nivel de protección financiera sobre las familias representado en la reducción objetiva de su gasto de bolsillo. Esta situación se agrava por el hecho de que la población colombiana se ha ido envejeciendo y es cada vez más sujeto de enfermedades crónicas y patologías similares a la de un país desarrollado.
De hecho, el Estudio de Carga de Enfermedad 2005 mostró cómo en Colombia el 77% de la carga de enfermedad se concentra en el grupo de enfermedades crónicas y no transmisibles y la carga de discapacidad para la población colombiana, consecuencia de enfermedad crónica, es tres veces mayor que la de países desarrollados como Australia. En este entorno epidemiológico la baja actualización del plan de beneficios y la apertura de la puerta de atrás hacia los beneficios no POS ha implicado el agravamiento del problema estructural en el sistema colombiano.
En resumen, desde el punto de vista del aseguramiento social los decretos de emergencia social nos llevaron a un POS fragmentado donde se generan nuevos nichos de mercado para los aseguradores y en los que la mayor justificación social de la reforma de salud, como es la integralidad de los beneficios en salud, quedará aún más diluida.
Si el POS no se actualiza por “lo alto”, o sea recuperando su integralidad, de todas maneras las tutelas seguirán repercutiendo sobre el Fondo de Prestaciones Excepcionales. ¿Por qué no se orientó el POS hacia la cobertura integral de los pacientes con base en los diagnósticos de la enfermedad como ya operan los planes de beneficios en muchos otros países?
Reforzar un plan de prestaciones necesariamente echará más leña al fuego de la inducción de demanda, o sea hacia la prescripción de actividades y servicios no necesarios, verdadero cáncer del sistema.
* Investigadores del Centro de Proyectos para el Desarrollo (Cendex), de la Universidad Javeriana
acuerdensen que estamos en elecciones, los que pueden votar deberían pensar bien su voto en estos momentos, en que la reforma a la salud está caminando, para que después no se llevenuna sorpresa.
(edited)
(edited)
Emergencia Social solo busca aliviar salud fiscal, dice Universidad Nacional
Por: Redacción económica/Elespectador.com
El hueco fiscal del Gobierno nacional para 2010 será de $19,1 billones.
La Emergencia Social no está pensada para solucionar los problemas del sector salud, sino para sanear las finanzas del Estado aquejado por un creciente déficit fiscal.
La advertencia fue hecha por el director del grupo de Protección Social del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional, Óscar Rodríguez.
El informe destaca que lo primero a tener en cuenta es el contexto macroeconómico en el cual se expiden los decretos que modifican las reglas de juego para el sistema de salud: una crisis del sistema económico mundial, que impacta la economía colombiana y que tiene como efecto inmediato la caída de los ingresos tributarios.
El informe de la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) mostró que el recaudo neto del último año terminó con 65,5 billones de pesos, que frente a la meta prevista de 67,1 billones se registró una caída de 1,6 billones de pesos menos de lo proyectado. Estos menores ingresos no contribuyeron para nada a mantener en un buen nivel las finanzas estatales.
Rodríguez indica que desde hace varios años, el Gobierno mantiene un déficit fiscal insostenible que, por efecto de la crisis, se ha agudizado con tendencia a ser insostenible.
Para 2010, el Gobierno amplió el escenario fiscal del Sector Público Consolidado a 3,7 por ciento del PIB, lo cual significa que el faltante fiscal para este año será de 19,1 billones de pesos.
Situación fiscal difícil
Dice el informe que lo más preocupante es que para trata de superar la crisis fiscal, el Gobierno congeló los salarios de los empleados estatales al fijar un incremento de 2 por ciento y proteger los ingresos del Fosyga, representados en TES (papeles del Gobierno) que le permiten a los bancos hacer un buen negocio.
Para Rodríguez es claro que la crisis estructural del sistema de salud está ligada a las dos reformas a las transferencias: Ley 725 de 2002 y la reforma constitucional de 2007. Ambas recortaron los recursos que debían recibir los hospitales y el sistema de salud, y más bien permitió pensar en obtener equilibrio fiscal.
Advierte el académico en el estudio de la Universidad Nacional que la flexibilidad del sistema laboral ha contribuido al debilitamiento del régimen contributivo y ha impactado las fuentes primordiales de financiación del sistema de seguridad social.
Rodriguez afirma que según la Ley 1122 de 2007, a la Comisión Reguladora en Salud (CRES) le correspondería reglamentar el Plan Obligatorio de Salud (POS), el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y, en general, regular el sistema, "pero el Gobierno al decretar la Emergencia le quitó esas atribuciones".
Alerta el informe que el Gobierno plantea que lo que está en el Plan Obligatorio de Salud (POS) y las enfermedades de alto costo serán cofinanciados entre los ahorros del afiliado y los recursos del sistema. A juicio de Rodríguez esta situación "necesariamente lleva a un empobrecimiento de la mayoría de la población".
"Al final queda empobrecido y deberá acudir a la asistencia del sector público para cubrir sus necesidades médicas. Como efecto inmediato, en un régimen de bajos salarios como el colombiano, un incremento en los gastos es regresivo y lleva al empobrecimiento", concluye en su informe el investigador del CID.
Por: Redacción económica/Elespectador.com
El hueco fiscal del Gobierno nacional para 2010 será de $19,1 billones.
La Emergencia Social no está pensada para solucionar los problemas del sector salud, sino para sanear las finanzas del Estado aquejado por un creciente déficit fiscal.
La advertencia fue hecha por el director del grupo de Protección Social del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional, Óscar Rodríguez.
El informe destaca que lo primero a tener en cuenta es el contexto macroeconómico en el cual se expiden los decretos que modifican las reglas de juego para el sistema de salud: una crisis del sistema económico mundial, que impacta la economía colombiana y que tiene como efecto inmediato la caída de los ingresos tributarios.
El informe de la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) mostró que el recaudo neto del último año terminó con 65,5 billones de pesos, que frente a la meta prevista de 67,1 billones se registró una caída de 1,6 billones de pesos menos de lo proyectado. Estos menores ingresos no contribuyeron para nada a mantener en un buen nivel las finanzas estatales.
Rodríguez indica que desde hace varios años, el Gobierno mantiene un déficit fiscal insostenible que, por efecto de la crisis, se ha agudizado con tendencia a ser insostenible.
Para 2010, el Gobierno amplió el escenario fiscal del Sector Público Consolidado a 3,7 por ciento del PIB, lo cual significa que el faltante fiscal para este año será de 19,1 billones de pesos.
Situación fiscal difícil
Dice el informe que lo más preocupante es que para trata de superar la crisis fiscal, el Gobierno congeló los salarios de los empleados estatales al fijar un incremento de 2 por ciento y proteger los ingresos del Fosyga, representados en TES (papeles del Gobierno) que le permiten a los bancos hacer un buen negocio.
Para Rodríguez es claro que la crisis estructural del sistema de salud está ligada a las dos reformas a las transferencias: Ley 725 de 2002 y la reforma constitucional de 2007. Ambas recortaron los recursos que debían recibir los hospitales y el sistema de salud, y más bien permitió pensar en obtener equilibrio fiscal.
Advierte el académico en el estudio de la Universidad Nacional que la flexibilidad del sistema laboral ha contribuido al debilitamiento del régimen contributivo y ha impactado las fuentes primordiales de financiación del sistema de seguridad social.
Rodriguez afirma que según la Ley 1122 de 2007, a la Comisión Reguladora en Salud (CRES) le correspondería reglamentar el Plan Obligatorio de Salud (POS), el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y, en general, regular el sistema, "pero el Gobierno al decretar la Emergencia le quitó esas atribuciones".
Alerta el informe que el Gobierno plantea que lo que está en el Plan Obligatorio de Salud (POS) y las enfermedades de alto costo serán cofinanciados entre los ahorros del afiliado y los recursos del sistema. A juicio de Rodríguez esta situación "necesariamente lleva a un empobrecimiento de la mayoría de la población".
"Al final queda empobrecido y deberá acudir a la asistencia del sector público para cubrir sus necesidades médicas. Como efecto inmediato, en un régimen de bajos salarios como el colombiano, un incremento en los gastos es regresivo y lleva al empobrecimiento", concluye en su informe el investigador del CID.
Sabor agridulce en Congreso deja primer examen a emergencia social
Por: Jorge Sáenz V./Elespectador.com
Gobierno admitió que desconoce costos de nivelar sistema contributivo y subsidiado.
Las cifras reveladas por el Gobierno para justificar los decretos de emergencia social no pasaron el primer examen en el Congreso. Entre los miembros de las comisiones séptimas de Senado y Cámara quedó un sabor agridulce tras oír los argumentos de los ministros de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga y de Protección Social, Diego Palacio.
Los que más preocupó a algunos congresistas es que el Gobierno desconoce el costo fiscal de lo que representa adecuar los sistemas de salud. "No hay un cálculo preciso, por eso queremos hacer la definición de los planes pilotos", dijo el ministro de Hacienda.
El titular de la cartera de Hacienda indicó que esto permitirá tener elementos para "cuantificar el valor de la unificación y de esa forma medir el costo y el impacto fiscal".
En medio de estos anuncios se estableció que para finales del primer semestre de este año quedará lista la actualización del Plan Obligatorio de Salud (POS).
El ministro Zuluaga destacó que este primer examen fue muy positivo, y que le permitirá al Gobierno "aclarar el alcance de todas las decisiones tomadas y escuchar a los actores de las comisiones séptimas de del Senado y la Cámara".
Uso de cesantías
Aclaró que el uso de las cesantías para atender gastos de salud, dijo que esto aplica en el siguiente caso: "Hoy una persona puede retirar cesantías para cubrir eventos que tienen que ver con educación y con vivienda, lo que se quiere ampliar es para salud, en caso de que una persona, voluntariamente, requiera utilizar estos recursos dentro de la concepción que se tiene en la prestación excepcional de servicios que no están cubiertos por el Plan Obligatorio de Salud y que necesariamente están focalizados en los sectores de más altos ingresos de la población".
Descartó que los sectores de ingresos tengan que "asumir el costo de las prestaciones excepcionales".
El ministro de Protección Social manifestó, durante el debate, que algunos cálculos efectuados por el Gobierno indican que el costo de la unificación podría estar entre 1,5 billones y 1,7 billones de pesos. Aclaró que son cifras muy preliminares.
Un reciente informe de Fedesarrollo muestra que una igualación al nivel del POS del régimen contributivo "puede tener un costo cercano a los $4 billones".
Reacciones de los legisladores
Duros cuestionamientos a los decretos y alcances de las normas hicieron los senadores Cecilia López del Partido Liberal y Jesús Bernal del Polo Democrático.
La senadora del contradictor Partido Liberal indicó que "el Gobierno debería explicar cuántos son los pobres, porque si hay 29 millones de personas que están recibiendo salud subsidiada, incluyendo los 4 millones de pobres no afiliados a ningún sistema --por fuera del Sisbén-, entonces la pobreza es del orden del 60% -no del 49 por ciento que dice Dane-- o de lo contrario hay al menos 9 millones de colados, que debería estar pagando en el régimen ordinario".
Roy Barreras, uribista del Partido de la U, consideró que no se puede multar a los médicos por cumplir con su deber. "Los médicos estamos entrenados para salvar vidas", dijo.
Indicó que "no puede ocurrírsele al ministro de Protección Social que si un médico determina la necesidad de un examen de laboratorio, medicamentos o una cirugía, este médico pueda ser multado y castigado con sus propios ingresos".
Otros congresistas afectos al Gobierno, como el senador Jorge Ballesteros, consideró que los decretos de emergencia social se quedaron cortos. "Hay que trabajar en temas estructurales para que los colombianos tengan acceso real al sistema de salud con calidad u oportunidad".
Para Dilian Francisco Toro, que apoya el Gobierno del Presidente Uribe, la disposición contenida en el decreto 131 pone en peligro l autonomía de los profesionales de la salud.
El senador Rodrigo Lara criticó al Gobierno porque no ha presentado las motivaciones que lo llevaron a decretar el estado de emergencia social. "No hemos recibido la motivación", dijo.
Insistió en que se desconocen "las circunstancias extraordinarias y sobrevinientes que le permitan al Gobierno atribuirse estas facultades extraordinarias de decretar impuestos y decretar medidas tan serias como estas que está tomando".
Recordó que el Congreso hace control políticos sobre los motivos, "pero no tenemos las herramientas".
Para Lara es claro que lo que se hace necesarios es revisar el sobrecosto del trabajo en Colombia que se debe a impuestos como los parafiscales. "Están colgando el pago de impuestos a la población colombiana como el SENA el ICBF y las cajas de compensación, cuando al mismo tiempo el Gobierno le regala 10 billones de pesos al gran capital de este país con el argumento de que regalarle plata a los ricos es una forma de ayudar a la economía de los pobres".
Descalifica subcomisión
El senador Rodrigo Lara descalificó la subcomisión de legisladores designada por el presidente del Senador, Javier Cáceres, para estudiar los decretos dictados al amparo de la emergencia social.
"No entiendo cuál es el criterio con el que el presidente del Senado tomó esta decisión, me parece que es más un criterio de presentarse complaciente con el Gobierno Nacional que no quiere ver un debate serio en el Congreso de la República".
Dijo que "me parece que el presidente del Senado lo que hizo fue poner las personas que le indicaron o recibieron instrucción de Palacio (Casa de Nariño)".
Dijo que Javier Cáceres ha metido en la comisión a unas personas con "criterio estrictamente gobiernista y política en esa subcomisión".
Por: Jorge Sáenz V./Elespectador.com
Gobierno admitió que desconoce costos de nivelar sistema contributivo y subsidiado.
Las cifras reveladas por el Gobierno para justificar los decretos de emergencia social no pasaron el primer examen en el Congreso. Entre los miembros de las comisiones séptimas de Senado y Cámara quedó un sabor agridulce tras oír los argumentos de los ministros de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga y de Protección Social, Diego Palacio.
Los que más preocupó a algunos congresistas es que el Gobierno desconoce el costo fiscal de lo que representa adecuar los sistemas de salud. "No hay un cálculo preciso, por eso queremos hacer la definición de los planes pilotos", dijo el ministro de Hacienda.
El titular de la cartera de Hacienda indicó que esto permitirá tener elementos para "cuantificar el valor de la unificación y de esa forma medir el costo y el impacto fiscal".
En medio de estos anuncios se estableció que para finales del primer semestre de este año quedará lista la actualización del Plan Obligatorio de Salud (POS).
El ministro Zuluaga destacó que este primer examen fue muy positivo, y que le permitirá al Gobierno "aclarar el alcance de todas las decisiones tomadas y escuchar a los actores de las comisiones séptimas de del Senado y la Cámara".
Uso de cesantías
Aclaró que el uso de las cesantías para atender gastos de salud, dijo que esto aplica en el siguiente caso: "Hoy una persona puede retirar cesantías para cubrir eventos que tienen que ver con educación y con vivienda, lo que se quiere ampliar es para salud, en caso de que una persona, voluntariamente, requiera utilizar estos recursos dentro de la concepción que se tiene en la prestación excepcional de servicios que no están cubiertos por el Plan Obligatorio de Salud y que necesariamente están focalizados en los sectores de más altos ingresos de la población".
Descartó que los sectores de ingresos tengan que "asumir el costo de las prestaciones excepcionales".
El ministro de Protección Social manifestó, durante el debate, que algunos cálculos efectuados por el Gobierno indican que el costo de la unificación podría estar entre 1,5 billones y 1,7 billones de pesos. Aclaró que son cifras muy preliminares.
Un reciente informe de Fedesarrollo muestra que una igualación al nivel del POS del régimen contributivo "puede tener un costo cercano a los $4 billones".
Reacciones de los legisladores
Duros cuestionamientos a los decretos y alcances de las normas hicieron los senadores Cecilia López del Partido Liberal y Jesús Bernal del Polo Democrático.
La senadora del contradictor Partido Liberal indicó que "el Gobierno debería explicar cuántos son los pobres, porque si hay 29 millones de personas que están recibiendo salud subsidiada, incluyendo los 4 millones de pobres no afiliados a ningún sistema --por fuera del Sisbén-, entonces la pobreza es del orden del 60% -no del 49 por ciento que dice Dane-- o de lo contrario hay al menos 9 millones de colados, que debería estar pagando en el régimen ordinario".
Roy Barreras, uribista del Partido de la U, consideró que no se puede multar a los médicos por cumplir con su deber. "Los médicos estamos entrenados para salvar vidas", dijo.
Indicó que "no puede ocurrírsele al ministro de Protección Social que si un médico determina la necesidad de un examen de laboratorio, medicamentos o una cirugía, este médico pueda ser multado y castigado con sus propios ingresos".
Otros congresistas afectos al Gobierno, como el senador Jorge Ballesteros, consideró que los decretos de emergencia social se quedaron cortos. "Hay que trabajar en temas estructurales para que los colombianos tengan acceso real al sistema de salud con calidad u oportunidad".
Para Dilian Francisco Toro, que apoya el Gobierno del Presidente Uribe, la disposición contenida en el decreto 131 pone en peligro l autonomía de los profesionales de la salud.
El senador Rodrigo Lara criticó al Gobierno porque no ha presentado las motivaciones que lo llevaron a decretar el estado de emergencia social. "No hemos recibido la motivación", dijo.
Insistió en que se desconocen "las circunstancias extraordinarias y sobrevinientes que le permitan al Gobierno atribuirse estas facultades extraordinarias de decretar impuestos y decretar medidas tan serias como estas que está tomando".
Recordó que el Congreso hace control políticos sobre los motivos, "pero no tenemos las herramientas".
Para Lara es claro que lo que se hace necesarios es revisar el sobrecosto del trabajo en Colombia que se debe a impuestos como los parafiscales. "Están colgando el pago de impuestos a la población colombiana como el SENA el ICBF y las cajas de compensación, cuando al mismo tiempo el Gobierno le regala 10 billones de pesos al gran capital de este país con el argumento de que regalarle plata a los ricos es una forma de ayudar a la economía de los pobres".
Descalifica subcomisión
El senador Rodrigo Lara descalificó la subcomisión de legisladores designada por el presidente del Senador, Javier Cáceres, para estudiar los decretos dictados al amparo de la emergencia social.
"No entiendo cuál es el criterio con el que el presidente del Senado tomó esta decisión, me parece que es más un criterio de presentarse complaciente con el Gobierno Nacional que no quiere ver un debate serio en el Congreso de la República".
Dijo que "me parece que el presidente del Senado lo que hizo fue poner las personas que le indicaron o recibieron instrucción de Palacio (Casa de Nariño)".
Dijo que Javier Cáceres ha metido en la comisión a unas personas con "criterio estrictamente gobiernista y política en esa subcomisión".
Uribe pidió a los colombianos apoyar decretos de la emergencia social
Según el Jefe de Estado, la idea es nivelar la atención médica en el régimen subsidiado con el apoyo del contributivo.
El presidente Álvaro Uribe le salió al paso a las críticas que se han generado en los últimos días por los decretos de emergencia social. El mandatario le pidió a todos los colombianos apoyar la medida para solucionar los problemas que se han venido presentando en la atención médica.
Para Uribe, los decretos de emergencia social son claves para evitar un colapso financiero del sistema del salud en el país.
"Está bien que discutamos estos temas de los médicos y con toda flexibilidad vamos a afrontar esta discusión y quiero pedir a los compatriotas que haya un creciente apoyo a la decisión tomada por el Gobierno para gravar la cerveza, los juegos, los licores y los cigarrillos a fin de lograr la total cobertura en salud", puntualizó el Presidente.
Así mismo, el Jefe de Estado señaló que le solicitará al Congreso de la República ayuda para que contribuya a la confesión de las normas de los decretos de la emergencia social y dijo que Barranquilla será la primera ciudad del país en que sus 554 afiliados tanto al régimen subsidiado como al contributivo tendrán las mismas normativas en la atención de salud.
Todas la noticias son fusiladas de El Espectador.com
Según el Jefe de Estado, la idea es nivelar la atención médica en el régimen subsidiado con el apoyo del contributivo.
El presidente Álvaro Uribe le salió al paso a las críticas que se han generado en los últimos días por los decretos de emergencia social. El mandatario le pidió a todos los colombianos apoyar la medida para solucionar los problemas que se han venido presentando en la atención médica.
Para Uribe, los decretos de emergencia social son claves para evitar un colapso financiero del sistema del salud en el país.
"Está bien que discutamos estos temas de los médicos y con toda flexibilidad vamos a afrontar esta discusión y quiero pedir a los compatriotas que haya un creciente apoyo a la decisión tomada por el Gobierno para gravar la cerveza, los juegos, los licores y los cigarrillos a fin de lograr la total cobertura en salud", puntualizó el Presidente.
Así mismo, el Jefe de Estado señaló que le solicitará al Congreso de la República ayuda para que contribuya a la confesión de las normas de los decretos de la emergencia social y dijo que Barranquilla será la primera ciudad del país en que sus 554 afiliados tanto al régimen subsidiado como al contributivo tendrán las mismas normativas en la atención de salud.
Todas la noticias son fusiladas de El Espectador.com
La Emergencia Social: una reforma espartana
Por: Jorge Tovar*
HAY UNA PREMISA CIERTA: EL SISTEma de salud no es sostenible. Lo increíble es que un gobierno con ocho años en el poder no haya entendido esto hasta ocho meses antes de terminar su segundo período. La consecuencia es una reforma de salud diseñada con criterios fiscales, no sociales.
El planteamiento del Gobierno es simple. Hoy día, el POS del régimen contributivo (EPS) cubre más tratamientos que el POS del régimen subsidiado (Sisbén). Además, enfermedades catastróficas, por ejemplo algunos tipos de cáncer, que no están cubiertas por el POS, eran atendidas con cargo al Fosyga. Estos son los servicios No-POS. El Gobierno propone equiparar el POS de ambos regímenes, pero a cambio dejar de pagar todos los servicios No-POS. Las enfermedades catastróficas las financiará el enfermo utilizando su patrimonio, sus cesantías, sus pensiones voluntarias o, si no puede, mediante préstamo bancario. Si no tiene acceso a nada de lo anterior, el ciudadano recibirá los medicamentos a través del recién creado Fonpres, pero sólo “hasta tanto se agote la disponibilidad anual”.
Las implicaciones son perversas. Aquel a quien se diagnostique una enfermedad catastrófica y crónica no podrá iniciar su tratamiento de manera inmediata. Primero debe esperar que el comité científico determine que efectivamente está enfermo. Después debe demostrar que es rico o pobre para que el Fonpres autorice el pago del tratamiento. Si es diciembre deberá pedirle al Niño Dios que el Fonpres aún tenga “la disponibilidad anual”. Si es “rico”, pero no tiene liquidez, no tiene cesantías y no tiene pensiones voluntarias, deberá acudir a préstamos bancarios, donde debe esperar que no le pregunten si está enfermo, porque en caso contrario no le prestarán. Si es pobre, más de lo mismo. Primero debe demostrar que es pobre, porque si no declara renta, es informal y no aparece en las bases de datos que piensan utilizar para cruzar información, el procedimiento debe ser harto complejo. Su dependencia de los recursos del Fonpres es total. Pero estos recursos, en términos reales van a caer con los años, porque como no hay incentivos a afiliarse al régimen contributivo, el número de ciudadanos en el régimen subsidiado seguirá creciendo, es decir, la reforma fomenta la informalidad. Los doctores, por otro lado, no tienen incentivos a recetar nada por fuera del POS. Corren el riesgo de ser multados con 25 millones de pesos si el comité científico no está de acuerdo con su diagnóstico.
El principio de “razonabilidad” requiere establecer una relación “costo-beneficio” para determinar si hay méritos para prestar un servicio No POS. ¿Un enfermo terminal ya no es “rentable”? ¿Un enfermo crónico es “rentable” siempre que no sea mayor de determinada edad? ¿Estamos en Esparta, allí donde los más débiles no merecían vivir?
Es una reforma coyuntural para un problema estructural. El déficit del sector seguirá creciendo y las soluciones facilistas ya no serán alternativas.
*Ph.D en Economía.
Por: Jorge Tovar*
HAY UNA PREMISA CIERTA: EL SISTEma de salud no es sostenible. Lo increíble es que un gobierno con ocho años en el poder no haya entendido esto hasta ocho meses antes de terminar su segundo período. La consecuencia es una reforma de salud diseñada con criterios fiscales, no sociales.
El planteamiento del Gobierno es simple. Hoy día, el POS del régimen contributivo (EPS) cubre más tratamientos que el POS del régimen subsidiado (Sisbén). Además, enfermedades catastróficas, por ejemplo algunos tipos de cáncer, que no están cubiertas por el POS, eran atendidas con cargo al Fosyga. Estos son los servicios No-POS. El Gobierno propone equiparar el POS de ambos regímenes, pero a cambio dejar de pagar todos los servicios No-POS. Las enfermedades catastróficas las financiará el enfermo utilizando su patrimonio, sus cesantías, sus pensiones voluntarias o, si no puede, mediante préstamo bancario. Si no tiene acceso a nada de lo anterior, el ciudadano recibirá los medicamentos a través del recién creado Fonpres, pero sólo “hasta tanto se agote la disponibilidad anual”.
Las implicaciones son perversas. Aquel a quien se diagnostique una enfermedad catastrófica y crónica no podrá iniciar su tratamiento de manera inmediata. Primero debe esperar que el comité científico determine que efectivamente está enfermo. Después debe demostrar que es rico o pobre para que el Fonpres autorice el pago del tratamiento. Si es diciembre deberá pedirle al Niño Dios que el Fonpres aún tenga “la disponibilidad anual”. Si es “rico”, pero no tiene liquidez, no tiene cesantías y no tiene pensiones voluntarias, deberá acudir a préstamos bancarios, donde debe esperar que no le pregunten si está enfermo, porque en caso contrario no le prestarán. Si es pobre, más de lo mismo. Primero debe demostrar que es pobre, porque si no declara renta, es informal y no aparece en las bases de datos que piensan utilizar para cruzar información, el procedimiento debe ser harto complejo. Su dependencia de los recursos del Fonpres es total. Pero estos recursos, en términos reales van a caer con los años, porque como no hay incentivos a afiliarse al régimen contributivo, el número de ciudadanos en el régimen subsidiado seguirá creciendo, es decir, la reforma fomenta la informalidad. Los doctores, por otro lado, no tienen incentivos a recetar nada por fuera del POS. Corren el riesgo de ser multados con 25 millones de pesos si el comité científico no está de acuerdo con su diagnóstico.
El principio de “razonabilidad” requiere establecer una relación “costo-beneficio” para determinar si hay méritos para prestar un servicio No POS. ¿Un enfermo terminal ya no es “rentable”? ¿Un enfermo crónico es “rentable” siempre que no sea mayor de determinada edad? ¿Estamos en Esparta, allí donde los más débiles no merecían vivir?
Es una reforma coyuntural para un problema estructural. El déficit del sector seguirá creciendo y las soluciones facilistas ya no serán alternativas.
*Ph.D en Economía.
Estos son los Decretos Legislativos que contienen la reforma, para los que quieran leerlos y así tengan argumentos para dar sus opiniones:
Decreto 4975/09 http://consultorsalud.com/index.php?option=com_content&view=article&id=97:decreto-4975-de-2009-emergencia-social&catid=37:flash-noticias
Decreto 128/10 http://www.consultorsalud.com/index.php?option=com_content&view=article&id=114:decreto-128-de-2010&catid=37:flash-noticias
Decreto 131/10 http://www.consultorsalud.com/index.php?option=com_content&view=article&id=117:decreto-131-de-2010&catid=37:flash-noticias
Si alguien me ayuda con los links se lo agradezco.
Decreto 4975/09 http://consultorsalud.com/index.php?option=com_content&view=article&id=97:decreto-4975-de-2009-emergencia-social&catid=37:flash-noticias
Decreto 128/10 http://www.consultorsalud.com/index.php?option=com_content&view=article&id=114:decreto-128-de-2010&catid=37:flash-noticias
Decreto 131/10 http://www.consultorsalud.com/index.php?option=com_content&view=article&id=117:decreto-131-de-2010&catid=37:flash-noticias
Si alguien me ayuda con los links se lo agradezco.
dios!!! un resumencito please!!!
Mañana leo, mejor me voy a dormir
Mañana leo, mejor me voy a dormir
Bueno, eto es para los que de verdad creen que Uribe es el mejor presidente que ha habido, lo cierto es que la sostenibilidad de los servicio de salud debe definitivamente que salir del Estado y no de los contribuyentes, solo espero que la Corte, luego de recibir el monton de demandas de Inconstitucionalidad, no vayan a salir con un cuento con el cuentico del principio de solidaridad y nos abrochen.
Se lo resumo así:
Con la declaratoria de Emergencia Social el gobierno de Uribe está adelantando una reforma al Sistema de Seguridad Social en Salud.
Los aspectos fundamentales de la Reforma son los siguientes:
1.- Si un paciente, afiliado al régimen contributivo de salud (es decir, auqellos que cotizamos como empleados o trabajadores independientes o los que son beneficiarios como nuestros hijos, padres, hermanos, etc...) se enferma y esa enfermedad no está dentro del POS pasaría lo siguiente:
-En primer lugar el médico debe sustentar bien la clase de tratamiento, medicamentos y cuidado que merece el paciente, en el caso de que sea una enfermedad no cubierta por el POS, con el agravante de que si el médico no hace dicha sustentación en debida forma le pueden imponer una sanción pecuniaria (multa).
-El paso siguiente y si no joden al médico con una multa es que ese caso pasa a un comité de reconocimiento de prestaciones sociales en salud excepcionales, quien aprobará o no, si de verdad el paciente necesita el tratamiento, intervención quirúrgica o medicamentos.
- Si el Comité de Prestaciones en Salud Excepcionales aprueba el caso, se entra a estudiar si el paciente o su núcleo familiar tiene la capacidad de pagar dicho tratamiento, en su totalidad o en una parte, razón por la cual se entra a estudiar si le prestan la plata o no.
Es decir, ahora el paciente deberá asumir de su bolsillo el costo, en su totalidad o en parte del tratamiento de la enfermedad. O si puede ir a un banco o cooperativa a que el prestán la plata pues no hay problema. Incluso puede pagar con sus cesantías.
En todo este trámite se debe desperdiciar un tiempo considerable en el que puede correr peligro la vida del paciente.
Además, nuestro sistema de salud, el contributivo es de "seguros", traído de Chile, es decir nosotro pagamos mes a mes por una contigencia (enfermedad) que puede o no puede ocurrir, es decir, como en todo contrato de seguros hay un riesgo que asumen las partes, por lo tanto es lógico que las EPS´s asuman esos costos.
Esta reforma tiende a que las EPS´s que ya están tapadas en plata ganen aún más, pues ya no tendrían que asumir todas las contigencias que no están incluidas en los famosos POS.
Por lo tanto, como es una reforma que afecta el bolsillo de los colombianos espero que todos se manifiesten en contra, pues es un descaro que nosotros tengamos que asumir la carga de la ineficiencia de un Estado, que es dirigido por un gobierno que tiene una deuda social enorme con la población.
Con la declaratoria de Emergencia Social el gobierno de Uribe está adelantando una reforma al Sistema de Seguridad Social en Salud.
Los aspectos fundamentales de la Reforma son los siguientes:
1.- Si un paciente, afiliado al régimen contributivo de salud (es decir, auqellos que cotizamos como empleados o trabajadores independientes o los que son beneficiarios como nuestros hijos, padres, hermanos, etc...) se enferma y esa enfermedad no está dentro del POS pasaría lo siguiente:
-En primer lugar el médico debe sustentar bien la clase de tratamiento, medicamentos y cuidado que merece el paciente, en el caso de que sea una enfermedad no cubierta por el POS, con el agravante de que si el médico no hace dicha sustentación en debida forma le pueden imponer una sanción pecuniaria (multa).
-El paso siguiente y si no joden al médico con una multa es que ese caso pasa a un comité de reconocimiento de prestaciones sociales en salud excepcionales, quien aprobará o no, si de verdad el paciente necesita el tratamiento, intervención quirúrgica o medicamentos.
- Si el Comité de Prestaciones en Salud Excepcionales aprueba el caso, se entra a estudiar si el paciente o su núcleo familiar tiene la capacidad de pagar dicho tratamiento, en su totalidad o en una parte, razón por la cual se entra a estudiar si le prestan la plata o no.
Es decir, ahora el paciente deberá asumir de su bolsillo el costo, en su totalidad o en parte del tratamiento de la enfermedad. O si puede ir a un banco o cooperativa a que el prestán la plata pues no hay problema. Incluso puede pagar con sus cesantías.
En todo este trámite se debe desperdiciar un tiempo considerable en el que puede correr peligro la vida del paciente.
Además, nuestro sistema de salud, el contributivo es de "seguros", traído de Chile, es decir nosotro pagamos mes a mes por una contigencia (enfermedad) que puede o no puede ocurrir, es decir, como en todo contrato de seguros hay un riesgo que asumen las partes, por lo tanto es lógico que las EPS´s asuman esos costos.
Esta reforma tiende a que las EPS´s que ya están tapadas en plata ganen aún más, pues ya no tendrían que asumir todas las contigencias que no están incluidas en los famosos POS.
Por lo tanto, como es una reforma que afecta el bolsillo de los colombianos espero que todos se manifiesten en contra, pues es un descaro que nosotros tengamos que asumir la carga de la ineficiencia de un Estado, que es dirigido por un gobierno que tiene una deuda social enorme con la población.