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Subject: Reforma al Sistema de Salud
en la mala lo que esta sucediendo en Colombia con esto de la salud :S
Personalmente me da verguenza esto :S
Personalmente me da verguenza esto :S
Aqui hay algo muy complicado, primero comienzan a criticar al gobierno porque trata de igualar los benficios regimen subsidiado y del regimen contributivo, algo que en esencia no tiene mucho de malo en el sentido que un efecto social importante es ayudar a las personas de bajos recursos a que tengan un buen cubrimiento en salud, lo que daña este esquema es que primero, hay muchisima gente que a pesar que tienen empleos o que estan en un nivel más alto, buscan la manera para tener el su carnet del Sisben, incluso hay algunos que tienen doble filiación y aún no han sido descubierto, eso claramente hace que los costos del regimen subsidiado se incrementen y si fuera de eso existe un deficit presupuestal, obviamente esto va a generar un hueco fiscal más grande.
Lo que me parece si ilógico son las medidas que ha tomado el gobierno para subsanar la crisis y en vez de mejorar empeora la situación. En mi criterio pueden existir mejores alternativas a estudiar, algo así como que haya unas tasas diferenciales en el regimen contributivo con diferente escala de beneficios, algo asi como que a un grupo se le disminuya el porcentaje y se reduzcan algunos tratamientos, otros con un poco más puedan acceder a los beneficios actuales y hacer un nivel cercano al de la medicina prepagada con otros beneficios, de este modo cada quien de acuerdo a su nivel y a su nivel de salud puede acceder al sistema que mejor le convenga y tal vez mejore en algo los ingresos en salud sin afectar demasiado a todos los usuarios....
Lo que me parece si ilógico son las medidas que ha tomado el gobierno para subsanar la crisis y en vez de mejorar empeora la situación. En mi criterio pueden existir mejores alternativas a estudiar, algo así como que haya unas tasas diferenciales en el regimen contributivo con diferente escala de beneficios, algo asi como que a un grupo se le disminuya el porcentaje y se reduzcan algunos tratamientos, otros con un poco más puedan acceder a los beneficios actuales y hacer un nivel cercano al de la medicina prepagada con otros beneficios, de este modo cada quien de acuerdo a su nivel y a su nivel de salud puede acceder al sistema que mejor le convenga y tal vez mejore en algo los ingresos en salud sin afectar demasiado a todos los usuarios....
Pero es que lo importante es que esas medidas ya están en un decreto y por lo tanto se deben cumplir. No han propuesto alternativas diferentes.
Antes de la expedición de los Decretos, en diciembre de 2009, una persona que perteneciera a la población pobre no cubierta (es decir, aquellos pobres que ni sisben tenían) podían acceder a los beneficios del POS del Régimen subsidiado, por analogía, gracias a los fallos de la Corte Constitucional.
Esto generaba una cobertura más o menos amplia para quel sector de la población que a duras penas llegaba al estrato 0, pero con la reforma esto se acaba, pues si se ha fijado bien el problema no está en tratar de igualar el POS del régimen subsidiado y el del contributivo. Lo que de verdad quiere el gobierno es disminuir los beneficios del POS y dejar de cubrir unas contingencias que actualmente se presentan como en los pacientes de alto costo.
Además, según los decretos, todo el caos se debe a los jueces de tutela....me da risa, si no fuera por la tutela y los jueces, estariamos llevados. El gobierno quiere evitar a toda costa que la gente acuda a la tutela par obtener tratamientos, medicamentos y una oportuna atención. Esto es una artimaña "JoséObduliana" pues no pueden negar el acceso a la acción de tutela de toda la población.
Espero que la Corte Constitucional tumbe la reforma y agradezco a la Constitución que existe la Acción de Tutela para que los colombianos, sin importar su raza, sexo, condición socioeconómica, pensamiento político o religión puedan hacer efectivos sus derechos fundamentales a través de las sentencias de los jueces de la república.
Antes de la expedición de los Decretos, en diciembre de 2009, una persona que perteneciera a la población pobre no cubierta (es decir, aquellos pobres que ni sisben tenían) podían acceder a los beneficios del POS del Régimen subsidiado, por analogía, gracias a los fallos de la Corte Constitucional.
Esto generaba una cobertura más o menos amplia para quel sector de la población que a duras penas llegaba al estrato 0, pero con la reforma esto se acaba, pues si se ha fijado bien el problema no está en tratar de igualar el POS del régimen subsidiado y el del contributivo. Lo que de verdad quiere el gobierno es disminuir los beneficios del POS y dejar de cubrir unas contingencias que actualmente se presentan como en los pacientes de alto costo.
Además, según los decretos, todo el caos se debe a los jueces de tutela....me da risa, si no fuera por la tutela y los jueces, estariamos llevados. El gobierno quiere evitar a toda costa que la gente acuda a la tutela par obtener tratamientos, medicamentos y una oportuna atención. Esto es una artimaña "JoséObduliana" pues no pueden negar el acceso a la acción de tutela de toda la población.
Espero que la Corte Constitucional tumbe la reforma y agradezco a la Constitución que existe la Acción de Tutela para que los colombianos, sin importar su raza, sexo, condición socioeconómica, pensamiento político o religión puedan hacer efectivos sus derechos fundamentales a través de las sentencias de los jueces de la república.
Fuerte regaño del Presidente a quienes redactaron decretos de salud
‘Es falso que el plan de servicios de salud se desmejore; al contrario, cualquier revisión es para mejorarlo':Uribe.
El Presidente Álvaro Uribe regañó en público a los funcionarios encargados de redactar los decretos de salud por la falta de claridad.
El Mandatario de los colombianos les dijo que las normas tienen que tener una redacción muy clara como los versos de los poetas populares que no requieren explicación.
Este sábado envío claros mensajes a los colombianos y a los distintos actores de la salud en Colombia, con relación a las reformas adelantadas a través de la Emergencia Social. Recalcó que este "es el Gobierno que ha avanzado en dirección a la plena cobertura; es el Gobierno que está logrando la plena cobertura".
El Presidente recordó que al iniciar el Gobierno, Colombia tenía 23 millones de asegurados; hoy tiene 41 millones de asegurados. Cuando empezó el Gobierno teníamos 10 millones de colombianos en Régimen Subsidiado; hoy, 23 millones de afiliados.
Indicó que "no hemos cerrado un solo hospital. Hemos reestructurado muchos".
"Hemos reformado el Seguro Social, tanto la EPS como las clínicas. Porque las clínicas del Seguro Social, por la politiquería, generalmente trataban a los pacientes como animales. Hoy, esas clínicas han mejorado enormemente la calidad de su servicio", recordó el mandatario.
Razones de la reforma a la salud
Durante el consejo explicó las razones de la reforma: nos hacen faltan recursos y, además, normas para el mejor uso de los mismos.
¿Qué recursos se han integrado a la reforma?
Primero, se autoriza que los saldos no ejecutados de Régimen Subsidiado se lleven a pagar cuentas de los departamentos sobre los beneficios que están por encima del POS, del Plan Obligatorio.
Segundo, que los saldos no ejecutados para el pago de cotizaciones de empleadores en la salud se lleven también a pagar esas deudas.
Se autoriza a los departamentos a operar juegos novedosos, para que se hagan a una nueva renta para la salud. Y derramamos, aumentos los impuestos de cerveza, juegos, cigarrillos y licores, para poder financiar la salud.
No tocamos el IVA de la canasta básica. Mantenemos sin IVA los alimentos básicos; mantenemos sin IVA el arrendamiento de vivienda; mantenemos sin IVA la salud; mantenemos sin IVA la educación, y mantenemos sin IVA los servicios públicos, excepción hecha de la telefonía, que tiene IVA.
Qué busca la reforma
Evitar que un país que está llegando a la plena cobertura pueda tener una crisis que frustre todo lo logrado. Garantizar los recursos y el manejo de los mismos para poder sostener este gran nivel de cobertura.
Mensaje a los enfermos y pacientes de Colombia
Y aquí unos mensajes específicos. Un mensaje a los enfermos y pacientes de Colombia:
Es falso que el plan de servicios se desmejore; al contrario, cualquier revisión es para mejorarlo. Por ende, las EPS no pueden aprovecharse. Tienen que prestar todos los servicios que son obligatorios. Y la Superintendencia (de Salud) debe sancionar ejemplarmente, aún con cierre, a aquellas que no presten los servicios que están obligadas a prestar a sus usuarios.
A los pacientes crónicos de Colombia
Es falso que se vaya a desmejorar el Plan para reducirles los servicios. El Plan no se puede desmejorar. Cualquier revisión es para mejorarla.
Aquellas enfermedades de alto costo que están en el Plan tienen que seguir siendo atendidas. Y los nuevos recursos son para pagar esas enfermedades de los sectores populares de la Nación que no están en el Plan, para poder garantizar el pago de esas obligaciones.
A los hospitales de Colombia
En la Ley 1122, el Gobierno y el Congreso definieron que el 60 por ciento de la contratación del Régimen Subsidiado tiene que ser con la red pública.
El nuevo Decreto debe entenderse de la siguiente manera y debe quedar aclarado totalmente en el decreto reglamentario:
Se continúa con la obligación de contratar el 60 por ciento. A medida que al Plan Subsidiado se incorporen beneficios del Plan Obligatorio, se examinará con cada gobernador, en cada región, la capacidad resolutiva de la red pública.
A los hospitales de Colombia: hay que ser austeros en la administración. No pueden gastar tanto dinero en gerencias. El dinero es para atender a los pacientes; no para la burocracia, no para el clientelismo.
A nosotros nos preocupa mucho que en muchas regiones de Colombia, 10, 12 municipios vecinos, cada uno con un hospital, con una gerencia, una planta burocrática costosísima, y falta de recursos para atender a los pacientes.
El dinero de los hospitales es para atender a los pacientes; no para gastarlo en politiquería, en burocracia.
Hago llegar a los hospitales ese mensaje.
A los médicos de Colombia
Los estándares, las guías, las adoptan las asociaciones científicas de médicos y odontólogos; no las EPS. Porque cuando las adoptan las EPS se corre el riesgo de abusos.
Los estándares, las guías tienen que ser adoptados por las asociaciones de científicas de médicos y odontólogos.
Pero los médicos y odontólogos, en razón de sus conocimientos, se pueden separar de esas guías al momento de atender al paciente. Lo importante es que las guías vengan de los médicos, de sus asociaciones, no de las EPS, para poder garantizar una atención científica al paciente.
Quiero también hacer llegar este mensaje a los médicos:
La autorización del médico general, en las regiones donde no hay especialistas, es una autorización provisional y condicionada a que se haga todo el esfuerzo para que lleguen a tener especialistas.
A los médicos, el tema del conflicto de interés es para que declaren cuándo hay conflicto de interés. Nunca para frenar las iniciativas de los médicos. Bienvenidas las clínicas de los médicos, bienvenidas las zonas francas de salud de los médicos, bienvenidas las IPS de los médicos. Queremos los médicos asociados en toda Colombia; los odontólogos asociados, sacando adelante los mejores consultorios asociativos, las mejores clínicas con la dotación.
A las EPS
Primero, es falso que el plan obligatorio de servicio se desmejora. Al contrario, cualquier revisión es para mejorarlo.
No pueden las EPS, no pueden los hospitales negar a los usuarios los servicios obligatorios.
Si lo hacen, se exponen a que el Superintendente (de Salud) proceda a sancionarlos, a quitarles la licencia, a ordenar el cierre.
Las EPS se han quejado de que tienen muchas dificultades, pleitos con el Fosyga, que con departamentos, que con municipios. Para que el sistema no sea entrabado por un semillero de conflictos, los nuevos decretos autorizan procedimientos ágiles para lograr conciliaciones.
Las EPS se quejan de que las cuentas del Fosyga se demoran mucho. Se autoriza que haya unos anticipos de dinero para inyectarle recursos al sistema mientras se tramitan esas cuentas.
Pero lo que no pueden hacer las EPS es negarles servicios obligatorios a los pacientes. No pueden negarse a prestar servicios en los casos que no están en el POS, cuanto esté en riesgo la vida del paciente.
El tema de las cesantías a trabajadores colombianos
El Gobierno no permite que los sectores populares y medios tengan que gastar cesantías en salud. El servicio se paga con la cotización del Régimen Contributivo y con el aporte del Estado al Régimen Subsidiado.
Las cesantías de los trabajadores colombianos, de los sectores populares y medios, son cesantías para vivienda, para la educación universitaria de sus hijos.
Solamente se autoriza que los más pudientes, los estratos 5 y 6, puedan gastar cesantías en el tema de la salud.
Pero no podemos, de ninguna manera, permitir que los trabajadores colombianos y que las clases medias tengan que gastarse sus cesantías, que son para vivienda y para educación, no podemos permitir que se tengan que gastar sus cesantías en salud, porque esa es una obligación del plan contributivo, del Régimen Contributivo; es una obligación del Régimen Subsidiado; es una obligación de los recursos nuevos para poder pagar los beneficios que están por encima del Régimen Subsidiado.
He querido hacer llegar este mensaje, desde Fusagasugá, a los pacientes, a los médicos, a los hospitales, a los trabajadores, sobre la salud, sobre las cesantías.
Mensaje a los productores y distribuidores de medicamentos
Y hago llegar otro mensaje a los productores, a los distribuidores de medicamentos:
Hay que rebajar precios, racionalizar precios. Se ha abusado de muchos precios de medicamentos.
El año pasado conocimos un caso, en el medicamento para una enfermedad catastrófica: la unidad en Colombia la cobraban por tres mil dólares; en otros países, por mil dólares. No podemos permitir esos abusos.
Es ciento, en los últimos años, gracias a que hay 41 millones de ciudadanos asegurados, el gasto de bolsillo en salud ha disminuido. Pero los medicamentos del país son muy caros, en comparación con otros países.
Por eso, pedimos a los laboratorios, pedimos a los distribuidores, a las EPS, que cesen los abusos en precios de medicamentos. Y hemos dictado normas en la Emergencia para que el Gobierno pueda intervenir y frenar esos abusos.
Uno de los problemas que hemos tenido con algunas EPS es que facturan medicamentos muy caros y nos vemos obligados a devolverles esas facturas. Para evitar ese problema, que no abusen de precios de medicamentos, porque el pueblo colombiano necesita un alivio en el precio de los medicamentos.
Los medicamentos costosísimos, cuando hay abuso de precios, afectan las finanzas del sistema, erosionan los recursos del sistema, succionan los recursos del sistema, hacen que el sistema sea financieramente insostenible.
‘Es falso que el plan de servicios de salud se desmejore; al contrario, cualquier revisión es para mejorarlo':Uribe.
El Presidente Álvaro Uribe regañó en público a los funcionarios encargados de redactar los decretos de salud por la falta de claridad.
El Mandatario de los colombianos les dijo que las normas tienen que tener una redacción muy clara como los versos de los poetas populares que no requieren explicación.
Este sábado envío claros mensajes a los colombianos y a los distintos actores de la salud en Colombia, con relación a las reformas adelantadas a través de la Emergencia Social. Recalcó que este "es el Gobierno que ha avanzado en dirección a la plena cobertura; es el Gobierno que está logrando la plena cobertura".
El Presidente recordó que al iniciar el Gobierno, Colombia tenía 23 millones de asegurados; hoy tiene 41 millones de asegurados. Cuando empezó el Gobierno teníamos 10 millones de colombianos en Régimen Subsidiado; hoy, 23 millones de afiliados.
Indicó que "no hemos cerrado un solo hospital. Hemos reestructurado muchos".
"Hemos reformado el Seguro Social, tanto la EPS como las clínicas. Porque las clínicas del Seguro Social, por la politiquería, generalmente trataban a los pacientes como animales. Hoy, esas clínicas han mejorado enormemente la calidad de su servicio", recordó el mandatario.
Razones de la reforma a la salud
Durante el consejo explicó las razones de la reforma: nos hacen faltan recursos y, además, normas para el mejor uso de los mismos.
¿Qué recursos se han integrado a la reforma?
Primero, se autoriza que los saldos no ejecutados de Régimen Subsidiado se lleven a pagar cuentas de los departamentos sobre los beneficios que están por encima del POS, del Plan Obligatorio.
Segundo, que los saldos no ejecutados para el pago de cotizaciones de empleadores en la salud se lleven también a pagar esas deudas.
Se autoriza a los departamentos a operar juegos novedosos, para que se hagan a una nueva renta para la salud. Y derramamos, aumentos los impuestos de cerveza, juegos, cigarrillos y licores, para poder financiar la salud.
No tocamos el IVA de la canasta básica. Mantenemos sin IVA los alimentos básicos; mantenemos sin IVA el arrendamiento de vivienda; mantenemos sin IVA la salud; mantenemos sin IVA la educación, y mantenemos sin IVA los servicios públicos, excepción hecha de la telefonía, que tiene IVA.
Qué busca la reforma
Evitar que un país que está llegando a la plena cobertura pueda tener una crisis que frustre todo lo logrado. Garantizar los recursos y el manejo de los mismos para poder sostener este gran nivel de cobertura.
Mensaje a los enfermos y pacientes de Colombia
Y aquí unos mensajes específicos. Un mensaje a los enfermos y pacientes de Colombia:
Es falso que el plan de servicios se desmejore; al contrario, cualquier revisión es para mejorarlo. Por ende, las EPS no pueden aprovecharse. Tienen que prestar todos los servicios que son obligatorios. Y la Superintendencia (de Salud) debe sancionar ejemplarmente, aún con cierre, a aquellas que no presten los servicios que están obligadas a prestar a sus usuarios.
A los pacientes crónicos de Colombia
Es falso que se vaya a desmejorar el Plan para reducirles los servicios. El Plan no se puede desmejorar. Cualquier revisión es para mejorarla.
Aquellas enfermedades de alto costo que están en el Plan tienen que seguir siendo atendidas. Y los nuevos recursos son para pagar esas enfermedades de los sectores populares de la Nación que no están en el Plan, para poder garantizar el pago de esas obligaciones.
A los hospitales de Colombia
En la Ley 1122, el Gobierno y el Congreso definieron que el 60 por ciento de la contratación del Régimen Subsidiado tiene que ser con la red pública.
El nuevo Decreto debe entenderse de la siguiente manera y debe quedar aclarado totalmente en el decreto reglamentario:
Se continúa con la obligación de contratar el 60 por ciento. A medida que al Plan Subsidiado se incorporen beneficios del Plan Obligatorio, se examinará con cada gobernador, en cada región, la capacidad resolutiva de la red pública.
A los hospitales de Colombia: hay que ser austeros en la administración. No pueden gastar tanto dinero en gerencias. El dinero es para atender a los pacientes; no para la burocracia, no para el clientelismo.
A nosotros nos preocupa mucho que en muchas regiones de Colombia, 10, 12 municipios vecinos, cada uno con un hospital, con una gerencia, una planta burocrática costosísima, y falta de recursos para atender a los pacientes.
El dinero de los hospitales es para atender a los pacientes; no para gastarlo en politiquería, en burocracia.
Hago llegar a los hospitales ese mensaje.
A los médicos de Colombia
Los estándares, las guías, las adoptan las asociaciones científicas de médicos y odontólogos; no las EPS. Porque cuando las adoptan las EPS se corre el riesgo de abusos.
Los estándares, las guías tienen que ser adoptados por las asociaciones de científicas de médicos y odontólogos.
Pero los médicos y odontólogos, en razón de sus conocimientos, se pueden separar de esas guías al momento de atender al paciente. Lo importante es que las guías vengan de los médicos, de sus asociaciones, no de las EPS, para poder garantizar una atención científica al paciente.
Quiero también hacer llegar este mensaje a los médicos:
La autorización del médico general, en las regiones donde no hay especialistas, es una autorización provisional y condicionada a que se haga todo el esfuerzo para que lleguen a tener especialistas.
A los médicos, el tema del conflicto de interés es para que declaren cuándo hay conflicto de interés. Nunca para frenar las iniciativas de los médicos. Bienvenidas las clínicas de los médicos, bienvenidas las zonas francas de salud de los médicos, bienvenidas las IPS de los médicos. Queremos los médicos asociados en toda Colombia; los odontólogos asociados, sacando adelante los mejores consultorios asociativos, las mejores clínicas con la dotación.
A las EPS
Primero, es falso que el plan obligatorio de servicio se desmejora. Al contrario, cualquier revisión es para mejorarlo.
No pueden las EPS, no pueden los hospitales negar a los usuarios los servicios obligatorios.
Si lo hacen, se exponen a que el Superintendente (de Salud) proceda a sancionarlos, a quitarles la licencia, a ordenar el cierre.
Las EPS se han quejado de que tienen muchas dificultades, pleitos con el Fosyga, que con departamentos, que con municipios. Para que el sistema no sea entrabado por un semillero de conflictos, los nuevos decretos autorizan procedimientos ágiles para lograr conciliaciones.
Las EPS se quejan de que las cuentas del Fosyga se demoran mucho. Se autoriza que haya unos anticipos de dinero para inyectarle recursos al sistema mientras se tramitan esas cuentas.
Pero lo que no pueden hacer las EPS es negarles servicios obligatorios a los pacientes. No pueden negarse a prestar servicios en los casos que no están en el POS, cuanto esté en riesgo la vida del paciente.
El tema de las cesantías a trabajadores colombianos
El Gobierno no permite que los sectores populares y medios tengan que gastar cesantías en salud. El servicio se paga con la cotización del Régimen Contributivo y con el aporte del Estado al Régimen Subsidiado.
Las cesantías de los trabajadores colombianos, de los sectores populares y medios, son cesantías para vivienda, para la educación universitaria de sus hijos.
Solamente se autoriza que los más pudientes, los estratos 5 y 6, puedan gastar cesantías en el tema de la salud.
Pero no podemos, de ninguna manera, permitir que los trabajadores colombianos y que las clases medias tengan que gastarse sus cesantías, que son para vivienda y para educación, no podemos permitir que se tengan que gastar sus cesantías en salud, porque esa es una obligación del plan contributivo, del Régimen Contributivo; es una obligación del Régimen Subsidiado; es una obligación de los recursos nuevos para poder pagar los beneficios que están por encima del Régimen Subsidiado.
He querido hacer llegar este mensaje, desde Fusagasugá, a los pacientes, a los médicos, a los hospitales, a los trabajadores, sobre la salud, sobre las cesantías.
Mensaje a los productores y distribuidores de medicamentos
Y hago llegar otro mensaje a los productores, a los distribuidores de medicamentos:
Hay que rebajar precios, racionalizar precios. Se ha abusado de muchos precios de medicamentos.
El año pasado conocimos un caso, en el medicamento para una enfermedad catastrófica: la unidad en Colombia la cobraban por tres mil dólares; en otros países, por mil dólares. No podemos permitir esos abusos.
Es ciento, en los últimos años, gracias a que hay 41 millones de ciudadanos asegurados, el gasto de bolsillo en salud ha disminuido. Pero los medicamentos del país son muy caros, en comparación con otros países.
Por eso, pedimos a los laboratorios, pedimos a los distribuidores, a las EPS, que cesen los abusos en precios de medicamentos. Y hemos dictado normas en la Emergencia para que el Gobierno pueda intervenir y frenar esos abusos.
Uno de los problemas que hemos tenido con algunas EPS es que facturan medicamentos muy caros y nos vemos obligados a devolverles esas facturas. Para evitar ese problema, que no abusen de precios de medicamentos, porque el pueblo colombiano necesita un alivio en el precio de los medicamentos.
Los medicamentos costosísimos, cuando hay abuso de precios, afectan las finanzas del sistema, erosionan los recursos del sistema, succionan los recursos del sistema, hacen que el sistema sea financieramente insostenible.
Miles de personas protestan en varias ciudades contra la Emergencia Social
Estudiantes de medicina, médicos y pacientes protestan en 14 ciudades.
si alguien me ayuda con link del video lo agradezco.
(edited)
(edited)
Estudiantes de medicina, médicos y pacientes protestan en 14 ciudades.
si alguien me ayuda con link del video lo agradezco.
(edited)
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Presidente pidió cerrar EPS que se nieguen a prestar servicios obligatorios
Las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) que se nieguen a prestar los servicios obligatorios a los ciudadanos serán sancionadas y cerradas, advirtió este sábado el Presidente Álvaro Uribe, durante el Consejo Comunal de Gobierno en Fusagasugá (Cundinamarca).
"Se ha pedido al Superintendente de Salud que sancione y cierre aquellas EPS que nieguen a los ciudadanos servicios obligatorios de salud. Vamos a enviar ese mensaje a todo el país, y a pedir que se ponga mucha atención en el tema", subrayó el Mandatario, según comunicado de la Casa de Nariño.
En su mensaje a los colombianos, el Jefe de Estado reiteró que con las normas expedidas al amparo de la Emergencia Social no se desmejoran los planes de beneficios de salud, sino que por el contrario, se sientan las bases para mejorarlos.
"Es falso que el plan de beneficios de salud se haya desmejorado, al contrario, hay que revisarlo para mejorarlo", indicó.
Hospitales
Así mismo, el Presidente Uribe hizo énfasis en la necesidad de utilizar bien los recursos financieros de las instituciones hospitalarias.
"El dinero de los hospitales es para atender a los pacientes, no para gastarlo en politiquería, en burocracia", advirtió el Mandatario.
En ese sentido, afirmó que los hospitales deben manejar sus recursos con austeridad, sin gastar tanto dinero en gerencia.
"A mí me preocupa mucho que en regiones de Colombia, cada una con un hospital, con una gerencia, una planta burocrática costosísima y falta de recursos para atender a los pacientes", dijo Uribe.
Cesantías no son para salud
Además, el Jefe de Estado recalcó que el Gobierno tampoco permitirá que los trabajadores de los sectores populares y medios tengan que gastar sus cesantías en tratamientos de salud.
Recordó que estos servicios se pagan con la cotización del Régimen Contributivo y con el aporte del Estado al Régimen Subsidiado.
"Solamente se autoriza que los más pudientes, los estratos cinco y seis, puedan gastar cesantías en el tema de la salud, pero no podemos de ninguna manera que los trabajadores colombianos y que las clases medias tengan que gastarse sus cesantías, que son para vivienda y para educación, en salud, porque eso es una obligación del Régimen Contributivo, es una obligación del Régimen Subsidiado", señaló el Mandatario.
Medicamentos
Por último, el Jefe de Estado hizo un nuevo llamado a los productores y distribuidores de medicamentos para que racionalicen los precios de estos.
"Pedimos a distribuidores, a las EPS, que cesen los abusos de precios de medicamentos. Y hemos dictado normas en la Emergencia (Social) para que el Gobierno pueda intervenir y frenar esos abusos", advirtió el Presidente de la República.
Insistió en que el país necesita con urgencia un alivio en el precio de los medicamentos.
"Los medicamentos costosísimos, cuando hay abuso de precios, afectan las finanzas del sistema, succionan los recursos del sistema, hacen que el sistema sea financieramente insostenible", concluyó Uribe.
Las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) que se nieguen a prestar los servicios obligatorios a los ciudadanos serán sancionadas y cerradas, advirtió este sábado el Presidente Álvaro Uribe, durante el Consejo Comunal de Gobierno en Fusagasugá (Cundinamarca).
"Se ha pedido al Superintendente de Salud que sancione y cierre aquellas EPS que nieguen a los ciudadanos servicios obligatorios de salud. Vamos a enviar ese mensaje a todo el país, y a pedir que se ponga mucha atención en el tema", subrayó el Mandatario, según comunicado de la Casa de Nariño.
En su mensaje a los colombianos, el Jefe de Estado reiteró que con las normas expedidas al amparo de la Emergencia Social no se desmejoran los planes de beneficios de salud, sino que por el contrario, se sientan las bases para mejorarlos.
"Es falso que el plan de beneficios de salud se haya desmejorado, al contrario, hay que revisarlo para mejorarlo", indicó.
Hospitales
Así mismo, el Presidente Uribe hizo énfasis en la necesidad de utilizar bien los recursos financieros de las instituciones hospitalarias.
"El dinero de los hospitales es para atender a los pacientes, no para gastarlo en politiquería, en burocracia", advirtió el Mandatario.
En ese sentido, afirmó que los hospitales deben manejar sus recursos con austeridad, sin gastar tanto dinero en gerencia.
"A mí me preocupa mucho que en regiones de Colombia, cada una con un hospital, con una gerencia, una planta burocrática costosísima y falta de recursos para atender a los pacientes", dijo Uribe.
Cesantías no son para salud
Además, el Jefe de Estado recalcó que el Gobierno tampoco permitirá que los trabajadores de los sectores populares y medios tengan que gastar sus cesantías en tratamientos de salud.
Recordó que estos servicios se pagan con la cotización del Régimen Contributivo y con el aporte del Estado al Régimen Subsidiado.
"Solamente se autoriza que los más pudientes, los estratos cinco y seis, puedan gastar cesantías en el tema de la salud, pero no podemos de ninguna manera que los trabajadores colombianos y que las clases medias tengan que gastarse sus cesantías, que son para vivienda y para educación, en salud, porque eso es una obligación del Régimen Contributivo, es una obligación del Régimen Subsidiado", señaló el Mandatario.
Medicamentos
Por último, el Jefe de Estado hizo un nuevo llamado a los productores y distribuidores de medicamentos para que racionalicen los precios de estos.
"Pedimos a distribuidores, a las EPS, que cesen los abusos de precios de medicamentos. Y hemos dictado normas en la Emergencia (Social) para que el Gobierno pueda intervenir y frenar esos abusos", advirtió el Presidente de la República.
Insistió en que el país necesita con urgencia un alivio en el precio de los medicamentos.
"Los medicamentos costosísimos, cuando hay abuso de precios, afectan las finanzas del sistema, succionan los recursos del sistema, hacen que el sistema sea financieramente insostenible", concluyó Uribe.
http://www.youtube.com/v/VluK1th_YiQ&feature=player_embedded
en pocas palabras es un mierdero, quieren que la gente o se gaste su capital o se muera,, es com decir,, "tienes cancer para el tratamiento vendes tu casa o te mueres",,, "tienes cancer,, no tienes propiedades?,, te mueres de una"
y las limitacinoes que le ponen al personal medico son increibles,,, ademas de las multas que hay por incumplir,, eso es tenaz,, por falta de tiempo no soy mas explicito,, luego pongo un ladrillazo como s elo merece este tema tan importante
en pocas palabras es un mierdero, quieren que la gente o se gaste su capital o se muera,, es com decir,, "tienes cancer para el tratamiento vendes tu casa o te mueres",,, "tienes cancer,, no tienes propiedades?,, te mueres de una"
y las limitacinoes que le ponen al personal medico son increibles,,, ademas de las multas que hay por incumplir,, eso es tenaz,, por falta de tiempo no soy mas explicito,, luego pongo un ladrillazo como s elo merece este tema tan importante
El verbo “renunciar”, q.e.p.d.
Por: Elisabeth Ungar Bleier
EN LOS ÚLTIMOS DÍAS EL PAÍS HA presenciado un lamentable y preocupante espectáculo de ineficiencia, contradicciones e improvisación por parte del Gobierno.
En el marco de la emergencia social, se expidió un conjunto de decretos que pretendían solucionar la grave crisis que afecta la prestación de servicios de salud en Colombia. Sin embargo, el resultado parece un homenaje al desgreño. Representantes de los médicos, asociaciones de profesionales de la salud y sociedades científicas, directivos y empleados de centros de atención hospitalaria, pacientes y ciudadanos del común, expresaron sus airadas protestas y quejas por lo que consideraron un atropello y una burla a la sensatez. Mientras que cada uno de estos sectores manifestaba su desconcierto e indignación, no sólo porque en su concepto se estaban vulnerando la dignidad y los derechos esenciales de los ciudadanos, sino principios éticos y la autonomía que deben tener los profesionales de la salud, el Gobierno se enredaba en una interminable maraña de explicaciones, que en lugar de aclarar el panorama, lo único que lograron fue aumentar la confusión y poner en evidencia la ineptitud —para no mencionar posibles conflictos de intereses y supuestos pagos de millonarios honorarios— de los encargados de redactar los mencionados decretos.
El propio Presidente de la República cayó en este remolino de ires y venires, de rectificaciones y de regaños públicos al Ministro de la (des)Protección Social, pero sin que nadie asumiera pública y directamente la responsabilidad por lo sucedido. Si bien el Primer Mandatario seguramente no participó en la redacción de los decretos, sí los firmó. Por esto cabe preguntarse: ¿lo hizo sin conocer lo que estaba firmando? ¿O firmó a sabiendas del contenido de los decretos? De cualquier manera, tiene una responsabilidad política directa, y ésta no puede tratar de expiarse con enmendaduras realizadas sobre la marcha.
Y en cuanto al Ministro, por dignidad y por respeto con los ciudadanos, y con el propio Presidente Uribe, debería haber renunciado desde el mismo momento en el que se hicieron evidentes las fallas protuberantes de las medidas adoptadas. Y si no lo hizo por su propia voluntad, su jefe inmediato ha debido exigírselo. Pero en Colombia, el verbo “renunciar” hace tiempos desapareció del diccionario y del vocabulario de la inmensa mayoría de los funcionarios públicos.
Esto sucede porque el poder se ha personalizado y se ejerce con arrogancia, porque las instituciones se han debilitado y se han puesto al servicio de intereses particulares, porque se considera que los gobernantes son irreemplazables, porque el cumplimiento de la ley y el respeto por los derechos, como el acceso a la salud, se confunden con favores o dádivas. Como está pasando en Colombia.
Posdata: El cierre de la revista Cambio es un mal presagio de lo que puede ocurrir cuando política y negocios se confunden. O cuando la política se vuelve un negocio. Gracias a Rodrigo Pardo y a María Elvira Samper, los colombianos pudimos conocer verdades —tristes y vergonzosas algunas, pero verdades al fin y al cabo— que de otra manera hubieran permanecido ocultas.
*
Elisabeth Ungar Bleier
Por: Elisabeth Ungar Bleier
EN LOS ÚLTIMOS DÍAS EL PAÍS HA presenciado un lamentable y preocupante espectáculo de ineficiencia, contradicciones e improvisación por parte del Gobierno.
En el marco de la emergencia social, se expidió un conjunto de decretos que pretendían solucionar la grave crisis que afecta la prestación de servicios de salud en Colombia. Sin embargo, el resultado parece un homenaje al desgreño. Representantes de los médicos, asociaciones de profesionales de la salud y sociedades científicas, directivos y empleados de centros de atención hospitalaria, pacientes y ciudadanos del común, expresaron sus airadas protestas y quejas por lo que consideraron un atropello y una burla a la sensatez. Mientras que cada uno de estos sectores manifestaba su desconcierto e indignación, no sólo porque en su concepto se estaban vulnerando la dignidad y los derechos esenciales de los ciudadanos, sino principios éticos y la autonomía que deben tener los profesionales de la salud, el Gobierno se enredaba en una interminable maraña de explicaciones, que en lugar de aclarar el panorama, lo único que lograron fue aumentar la confusión y poner en evidencia la ineptitud —para no mencionar posibles conflictos de intereses y supuestos pagos de millonarios honorarios— de los encargados de redactar los mencionados decretos.
El propio Presidente de la República cayó en este remolino de ires y venires, de rectificaciones y de regaños públicos al Ministro de la (des)Protección Social, pero sin que nadie asumiera pública y directamente la responsabilidad por lo sucedido. Si bien el Primer Mandatario seguramente no participó en la redacción de los decretos, sí los firmó. Por esto cabe preguntarse: ¿lo hizo sin conocer lo que estaba firmando? ¿O firmó a sabiendas del contenido de los decretos? De cualquier manera, tiene una responsabilidad política directa, y ésta no puede tratar de expiarse con enmendaduras realizadas sobre la marcha.
Y en cuanto al Ministro, por dignidad y por respeto con los ciudadanos, y con el propio Presidente Uribe, debería haber renunciado desde el mismo momento en el que se hicieron evidentes las fallas protuberantes de las medidas adoptadas. Y si no lo hizo por su propia voluntad, su jefe inmediato ha debido exigírselo. Pero en Colombia, el verbo “renunciar” hace tiempos desapareció del diccionario y del vocabulario de la inmensa mayoría de los funcionarios públicos.
Esto sucede porque el poder se ha personalizado y se ejerce con arrogancia, porque las instituciones se han debilitado y se han puesto al servicio de intereses particulares, porque se considera que los gobernantes son irreemplazables, porque el cumplimiento de la ley y el respeto por los derechos, como el acceso a la salud, se confunden con favores o dádivas. Como está pasando en Colombia.
Posdata: El cierre de la revista Cambio es un mal presagio de lo que puede ocurrir cuando política y negocios se confunden. O cuando la política se vuelve un negocio. Gracias a Rodrigo Pardo y a María Elvira Samper, los colombianos pudimos conocer verdades —tristes y vergonzosas algunas, pero verdades al fin y al cabo— que de otra manera hubieran permanecido ocultas.
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Elisabeth Ungar Bleier
Denuncian nuevo contrato de asesoría en Minprotección
El candidato presidencial Germán Vragas Lleras dio a conocer que el contrato se firmó por un valor de $1.200 millones.
En su gira por el país, que este jueves llegó a Pasto, el candidato presidencial de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, insistió en que "no son satisfactorias" las explicaciones del Ministro Diego Palacio sobre el contrato por $725 millones que su cartera firmó el 29 de diciembre de 2009, para darle cumplimiento al desarrollo de la sentencia 760 de la Corte Constitucional.
Sin embargo, ahí no quedó todo. Vargas Lleras dio a conocer que "lo curioso" de todo este episodio es que existe otro contrato con la Asociación Centro de Gestión Hospitalaria, que fue firmado el 19 de noviembre de 2008 hasta mayo de 2009, "para brindar asesoría profesional y apoyo al Ministerio de la Protección Social" y darle así cumplimiento a la sentencia 760 de la Corte Constitucional por un valor de $1.200 millones.
Vargas Lleras llamó al ministro Diego Palacio para que le explique al país si existen más contratos de prestación de servicios para el desarrollo de la sentencia 760, por qué montos y con qué empresas se firmaron esos contratos.
Igualmente le pidió al Ministro que "haga claridad de la relación que tiene la señora Teresa Tono Ramírez con el ministerio de Protección Social. Por cuánto tiempo ha laborado de asesora y qué contratos de prestaciones de servicios ha tenido".
El candidato presidencial Vargas Lleras fue enfático en señalar que es hora que el país conozca cuánta plata destinó el ministerio de Protección Social para dar cumplimiento a las órdenes de la sentencia 760 de la Corte Constitucional.
El candidato presidencial Germán Vragas Lleras dio a conocer que el contrato se firmó por un valor de $1.200 millones.
En su gira por el país, que este jueves llegó a Pasto, el candidato presidencial de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, insistió en que "no son satisfactorias" las explicaciones del Ministro Diego Palacio sobre el contrato por $725 millones que su cartera firmó el 29 de diciembre de 2009, para darle cumplimiento al desarrollo de la sentencia 760 de la Corte Constitucional.
Sin embargo, ahí no quedó todo. Vargas Lleras dio a conocer que "lo curioso" de todo este episodio es que existe otro contrato con la Asociación Centro de Gestión Hospitalaria, que fue firmado el 19 de noviembre de 2008 hasta mayo de 2009, "para brindar asesoría profesional y apoyo al Ministerio de la Protección Social" y darle así cumplimiento a la sentencia 760 de la Corte Constitucional por un valor de $1.200 millones.
Vargas Lleras llamó al ministro Diego Palacio para que le explique al país si existen más contratos de prestación de servicios para el desarrollo de la sentencia 760, por qué montos y con qué empresas se firmaron esos contratos.
Igualmente le pidió al Ministro que "haga claridad de la relación que tiene la señora Teresa Tono Ramírez con el ministerio de Protección Social. Por cuánto tiempo ha laborado de asesora y qué contratos de prestaciones de servicios ha tenido".
El candidato presidencial Vargas Lleras fue enfático en señalar que es hora que el país conozca cuánta plata destinó el ministerio de Protección Social para dar cumplimiento a las órdenes de la sentencia 760 de la Corte Constitucional.
Tambalea la Emergencia Social
Por: Redacción Negocios
Funcionarios vinculados con EPS fueron al mismo tiempo asesores del Gobierno para elaborar normas que afectaban su negocio.
Si el contenido de los decretos de la Emergencia Social, expedidos por el Gobierno para conjurar la crisis de la salud por la que atraviesa el país, desató un debate nacional del cual el Gobierno no se ha podido sacudir, una nueva revelación respecto a la forma como fueron concebidas dichas normas las puso a tambalear.
Se trata de una denuncia realizada por el candidato presidencial de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, quien reveló que el Gobierno contrató (por $725 millones) la elaboración de los decretos con firmas de las que forman parte funcionarios que al mismo tiempo están vinculados con EPS, es decir, con entidades que serán directamente beneficiadas o perjudicadas con el contenido de las normas que ellas ayudaron a expedir.
Las denuncias de Vargas Lleras se refieren a Teresa Tono (miembro de la junta directiva de la Nueva EPS, de la cual el Estado es socio en 50%.), Julio Portocarrero y Augusto Galán, ex director de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), cuya participación en el proceso fue reconocida por el ministro de la Protección Social, Diego Palacio, quien defendió las calidades profesionales de los involucrados.
Analistas de distintas tendencias coinciden en que la Emergencia Social era indispensable para evitar el colapso del sistema de salud que tiene un déficit de $2,2 billones. Sin embargo, no son pocas las voces que aseguran que los decretos expedidos al amparo de la Emergencia son inconstitucionales y que ni siquiera resistirán la prueba ácida de la revisión en el Congreso, pues incluyen una reforma tributaria elaborada por decreto.
“Resulta inconcebible que para la definición de políticas, cuyo propósito era garantizar un ahorro y la liquidez del sistema general de salud, el Ministerio haya contratado una asesoría externa, por un monto de $725 millones, como consta en el Contrato 640, firmado el 29 de diciembre de 2009”, dijo Vargas Lleras.
Al ser consultado por El Espectador, Augusto Galán comentó “que fui contactado para dar luces en la orientación de los decretos, a título personal y ad honórem (sin remuneración)”.
Al ser indagado sobre una probable inhabilidad para intervenir en calidad de asesor, consideró no tener inhabilidad ética para participar en los lineamientos a las normas de la Emergencia Social.
Ante el escándalo desencadenado por la denuncia de Vargas Lleras, el ministro de la Protección Social se defendió argumentado que “no hay un contrato orientado a que ninguna entidad externa entre a hacer la redacción de los decretos”.
Precisó que el Ministerio de la Protección Social suscribió un contrato de prestación de servicios con el Centro de Gestión Hospitalaria para brindar asesoría profesional al Ministerio en el desarrollo de las medidas de políticas definidas por el Gobierno, a partir de las propuestas que le fueron presentadas en el marco de las respuestas a las órdenes proferidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-760 de 2008. El contrato tendrá vigencias hasta el próximo 31 de julio.
Para la senadora liberal Cecilia López, el hecho de que Augusto Galán haya participado como asesor “confirma que las EPS metieron la mano. Y la verdad es que no les fue nada mal, lo cual me parece inadmisible”.
Y le dio la razón a Vargas cuando manifestó que “si tienen que contratar a alguien por fuera, ¿qué hacen los funcionarios del Ministerio de la Protección Social? Es la confirmación de que no hay un Ministerio de la Protección Social”.
De otra parte, Sergio Clavijo, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), cuestionó la constitucionalidad de la Emergencia y manifestó que la Corte Constitucional seguramente la declarará inconstitucional “por no haber un hecho sobreviniente que la justifique”.
Otras denuncias provinieron del ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, cuando manifestó que en los cruces de bases de datos para la unificación de los Planes Obligatorios de Salud (POS) de los regímenes subsidiado y contributivo se han detectado cerca de 30 mil personas que declaran renta y pertenecen al régimen subsidiado.
Y sobre los recursos que con la medida de excepción recibirá el sistema, la revista The Economist ha dicho que parecen insuficientes. Pero Zuluaga indicó que con el aumento del IVA a la cerveza, licores, cigarrillos y juegos de suerte y azar se recaudará $1 billón para financiar el Fondo de Prestaciones Excepcionales en Salud (Fonpres), que garantizará el pago de prestaciones fuera del POS, de acuerdo con los estándares que se establezcan.
La Emergencia Social tiene aún pendiente una discusión en el Congreso de la República, y el análisis jurídico por parte de la Corte Constitucional, para determinar la suerte final de la reforma.
Por: Redacción Negocios
Funcionarios vinculados con EPS fueron al mismo tiempo asesores del Gobierno para elaborar normas que afectaban su negocio.
Si el contenido de los decretos de la Emergencia Social, expedidos por el Gobierno para conjurar la crisis de la salud por la que atraviesa el país, desató un debate nacional del cual el Gobierno no se ha podido sacudir, una nueva revelación respecto a la forma como fueron concebidas dichas normas las puso a tambalear.
Se trata de una denuncia realizada por el candidato presidencial de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, quien reveló que el Gobierno contrató (por $725 millones) la elaboración de los decretos con firmas de las que forman parte funcionarios que al mismo tiempo están vinculados con EPS, es decir, con entidades que serán directamente beneficiadas o perjudicadas con el contenido de las normas que ellas ayudaron a expedir.
Las denuncias de Vargas Lleras se refieren a Teresa Tono (miembro de la junta directiva de la Nueva EPS, de la cual el Estado es socio en 50%.), Julio Portocarrero y Augusto Galán, ex director de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), cuya participación en el proceso fue reconocida por el ministro de la Protección Social, Diego Palacio, quien defendió las calidades profesionales de los involucrados.
Analistas de distintas tendencias coinciden en que la Emergencia Social era indispensable para evitar el colapso del sistema de salud que tiene un déficit de $2,2 billones. Sin embargo, no son pocas las voces que aseguran que los decretos expedidos al amparo de la Emergencia son inconstitucionales y que ni siquiera resistirán la prueba ácida de la revisión en el Congreso, pues incluyen una reforma tributaria elaborada por decreto.
“Resulta inconcebible que para la definición de políticas, cuyo propósito era garantizar un ahorro y la liquidez del sistema general de salud, el Ministerio haya contratado una asesoría externa, por un monto de $725 millones, como consta en el Contrato 640, firmado el 29 de diciembre de 2009”, dijo Vargas Lleras.
Al ser consultado por El Espectador, Augusto Galán comentó “que fui contactado para dar luces en la orientación de los decretos, a título personal y ad honórem (sin remuneración)”.
Al ser indagado sobre una probable inhabilidad para intervenir en calidad de asesor, consideró no tener inhabilidad ética para participar en los lineamientos a las normas de la Emergencia Social.
Ante el escándalo desencadenado por la denuncia de Vargas Lleras, el ministro de la Protección Social se defendió argumentado que “no hay un contrato orientado a que ninguna entidad externa entre a hacer la redacción de los decretos”.
Precisó que el Ministerio de la Protección Social suscribió un contrato de prestación de servicios con el Centro de Gestión Hospitalaria para brindar asesoría profesional al Ministerio en el desarrollo de las medidas de políticas definidas por el Gobierno, a partir de las propuestas que le fueron presentadas en el marco de las respuestas a las órdenes proferidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-760 de 2008. El contrato tendrá vigencias hasta el próximo 31 de julio.
Para la senadora liberal Cecilia López, el hecho de que Augusto Galán haya participado como asesor “confirma que las EPS metieron la mano. Y la verdad es que no les fue nada mal, lo cual me parece inadmisible”.
Y le dio la razón a Vargas cuando manifestó que “si tienen que contratar a alguien por fuera, ¿qué hacen los funcionarios del Ministerio de la Protección Social? Es la confirmación de que no hay un Ministerio de la Protección Social”.
De otra parte, Sergio Clavijo, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), cuestionó la constitucionalidad de la Emergencia y manifestó que la Corte Constitucional seguramente la declarará inconstitucional “por no haber un hecho sobreviniente que la justifique”.
Otras denuncias provinieron del ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, cuando manifestó que en los cruces de bases de datos para la unificación de los Planes Obligatorios de Salud (POS) de los regímenes subsidiado y contributivo se han detectado cerca de 30 mil personas que declaran renta y pertenecen al régimen subsidiado.
Y sobre los recursos que con la medida de excepción recibirá el sistema, la revista The Economist ha dicho que parecen insuficientes. Pero Zuluaga indicó que con el aumento del IVA a la cerveza, licores, cigarrillos y juegos de suerte y azar se recaudará $1 billón para financiar el Fondo de Prestaciones Excepcionales en Salud (Fonpres), que garantizará el pago de prestaciones fuera del POS, de acuerdo con los estándares que se establezcan.
La Emergencia Social tiene aún pendiente una discusión en el Congreso de la República, y el análisis jurídico por parte de la Corte Constitucional, para determinar la suerte final de la reforma.
he estado viendo este tema por noticias caracol.. espero que todo se solucione hoy escuche que eliminaron unas leyes.. pero de igual forma segun dicen que los enfermos o ciudadanos con alto costo tendran que pagar..
quisiera saber porque se produjo esto?.. ya que todo estaba normal en colombia con respecto a la salud.. (creo)
quisiera saber porque se produjo esto?.. ya que todo estaba normal en colombia con respecto a la salud.. (creo)